Tras seis años de conflicto judicial, la Justicia civil de La Rioja condenó a una mujer a indemnizar a su expareja, un agente de la Policía provincial, con una suma que, actualizada por intereses, ronda los 30 millones de pesos.
El fallo no solo establece una reparación económica, sino también una medida simbólica: la mujer deberá publicar la sentencia en las mismas redes sociales donde durante años agravió y difamó al damnificado.
El caso se remonta a 2019, cuando la pareja puso fin a su relación. Según consta en el expediente, la acusada realizó múltiples publicaciones ofensivas tanto desde cuentas personales como perfiles falsos, donde difundió insultos, expresiones discriminatorias e incluso una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual.
Para la Justicia, quedó acreditado que el objetivo fue dañar la reputación del hombre en distintos ámbitos, tanto en su vida social como profesional. Entre los agravios más reiterados, se registraron descalificaciones que afectaron directamente su honor y su imagen pública.
El abogado de la víctima, Pablo Arrieta, explicó que el hostigamiento tuvo consecuencias concretas en la carrera de su defendido. “Se le abrió un sumario administrativo y se bloquearon sus posibilidades de ascenso”, detalló.
La sentencia fijó inicialmente una indemnización de 4 millones de pesos, pero con los intereses acumulados durante el proceso judicial, el monto asciende a aproximadamente 30 millones.
Además, el fallo ordena que la mujer publique la resolución judicial en los mismos espacios digitales donde realizó los escraches. En caso de incumplimiento, se habilitará un juicio ejecutivo que podría derivar en el embargo de sus bienes.
El expediente también incluyó una denuncia por violencia de género presentada por la mujer, que finalmente fue desestimada. “Se pudo comprobar que se trataba de una falsa denuncia”, sostuvo el letrado.
Pese a que la acusada intentó ocultarse detrás de perfiles falsos, el tribunal determinó que el contenido de esas cuentas coincidía con el de su perfil personal, tanto en el lenguaje como en detalles privados que solo ella podía conocer.
La resolución marca un precedente en materia de responsabilidad civil por daños al honor en el ámbito digital, reforzando la idea de que las publicaciones en redes sociales también pueden tener consecuencias legales.
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