La investigación judicial por la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que la Justicia autorizara una nueva extensión de los plazos para continuar analizando documentación y pruebas incorporadas al expediente.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Mónica Lucero durante una audiencia realizada por la tarde. Allí hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes solicitaron más tiempo para avanzar con la recolección de elementos antes de definir el rumbo procesal de la causa.
Con esta resolución, el equipo investigador contará con otros 90 días hábiles para profundizar distintas medidas orientadas a esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con imputaciones.
En la audiencia también participó el abogado José Aníbal Fraifer, representante de Fiscalía de Estado, según señalaron fuentes vinculadas al expediente. El encuentro había pasado a cuarto intermedio el día anterior debido a la necesidad de garantizar la correcta notificación del abogado Nasser Uzair.
Uzair representa a los ex titulares de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían quedar involucrados en la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.
La prórroga concedida constituye la última ampliación prevista para esta etapa del proceso judicial. Una vez vencido el nuevo plazo, el Ministerio Público Fiscal deberá resolver si solicita la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), si archiva el expediente o si desestima la denuncia.
La causa se originó el 9 de diciembre del año pasado tras una presentación realizada por el abogado Marcelo Arancibia, quien pidió investigar posibles irregularidades en los procesos de contratación vinculados al Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en San Juan en los últimos años.
Entre los puntos cuestionados aparece un supuesto direccionamiento de condiciones licitatorias que habría favorecido a la empresa proveedora de cañerías Krah. Según la denuncia, la firma tendría vínculos con Gustavo Monti, empresario fallecido en febrero pasado y familiar del actual senador nacional Sergio Uñac.
Posteriormente, Arancibia amplió la denuncia inicial con nueva documentación y otros hechos que, a su entender, deben ser investigados por la Justicia. Allí mencionó la presunta intervención de Monti como apoderado de la empresa proveedora, la incorporación de un ex presidente de OSSE al entorno político del entonces gobernador y cuestionamientos vinculados a actualizaciones de precios y adelantos financieros durante la ejecución de la obra.
Con esos elementos, la presentación judicial plantea la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta y malversación de fondos.
Por ahora, la causa continúa en etapa de análisis documental y recolección de pruebas. Los próximos tres meses serán determinantes para definir si existen responsabilidades penales que justifiquen imputaciones formales o si el expediente concluye sin acusaciones.
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