Con el objetivo de fortalecer las investigaciones y mejorar la persecución penal, la Fiscalía General de San Juan implementará un sistema de seguimiento para todas las causas en las que el Ministerio Público no obtenga resultados favorables.
La iniciativa fue impulsada por Guillermo Baigorrí y contempla la creación de una base de datos destinada a relevar, analizar y ordenar los expedientes en los que las pretensiones fiscales fracasen, tanto en primera instancia como en apelaciones.
El plan apunta a detectar posibles falencias en la construcción de los casos, ya sea en la prueba presentada, las interpretaciones jurídicas o las estrategias de litigación utilizadas. La intención es que cada resolución adversa funcione como una herramienta de aprendizaje institucional para corregir errores y fortalecer futuras acusaciones.
Según la resolución emitida a mediados de mayo, los fiscales de Impugnación tendrán un rol clave dentro del nuevo esquema. Deberán informar cada legajo en el que intervengan y cuyo resultado sea contrario a la postura sostenida por el Ministerio Público, además de elaborar informes sobre los factores que influyeron en la derrota judicial.
Desde Fiscalía General aclararon que la medida no busca incrementar la cantidad de apelaciones, sino garantizar que los recursos presentados tengan fundamentos sólidos y evitar litigios innecesarios o con pocas probabilidades de éxito.
La resolución también profundiza el protagonismo de los fiscales de segunda instancia, que ya habían asumido mayores responsabilidades tras la reorganización interna impulsada por Baigorrí al asumir la conducción del Ministerio Público.
Entre los fundamentos de la decisión, el jefe de los fiscales sostuvo que el relevamiento permitirá identificar obstáculos recurrentes en las investigaciones, revisar criterios adoptados por fiscales y por el Tribunal de Impugnación, y generar herramientas para optimizar el desempeño institucional.
Además, la iniciativa apunta a lograr mayor uniformidad en los criterios de actuación de las distintas unidades fiscales, con estándares comunes y respuestas más eficientes frente a los desafíos del sistema acusatorio.
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