El Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, dispuso la creación de una nueva área dentro del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de reforzar el control y seguimiento del trabajo que realizan los fiscales.
Se trata de la Oficina de Calidad Institucional, un organismo que tendrá a su cargo el “monitoreo interno” de la actividad diaria de cada Unidad Fiscal. Según se detalla en el nuevo manual de Política de Persecución Penal, esta área contará con acceso directo a todos los sistemas de gestión, realizará visitas periódicas a las distintas dependencias y evaluará indicadores estadísticos para detectar logros y falencias.
El objetivo, de acuerdo a lo establecido, será proponer cambios que permitan “alentar las buenas prácticas y desalentar las que no lo son”, con comunicación directa al titular del Ministerio Público para la toma de decisiones.
La creación de esta oficina forma parte de una serie de reformas impulsadas por Baigorrí desde su asunción, entre las que se destaca la elaboración del manual de Política de Persecución Penal, que será presentado oficialmente el lunes y comenzará a regir desde el 1 de mayo.
El documento busca establecer criterios claros de actuación para fiscales, ayudantes fiscales, personal judicial y fuerzas de seguridad, con el fin de unificar criterios en la investigación y abordaje de los delitos en la provincia.
Hasta ahora, durante la gestión de Eduardo Quattropani, estos lineamientos no estaban formalizados por escrito, sino que eran transmitidos mediante directivas internas, lo que en algunos casos generaba cuestionamientos por parte de defensas en instancias judiciales.
Fuentes calificadas indicaron que la ausencia de un manual podía derivar en planteos sobre la aplicación de herramientas como la suspensión de juicio a prueba, especialmente en contextos como el de la pandemia, donde el Ministerio Público fijó criterios específicos para ciertos delitos.
El nuevo manual desarrollado por Baigorrí establece prioridades claras, entre ellas la atención a las víctimas, el abordaje de delitos contra la administración pública y hechos de corrupción, así como también los delitos contra la vida, la propiedad y la integridad sexual.
En ese marco, la Oficina de Calidad Institucional tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de estos lineamientos, evaluando tanto la cantidad de causas tramitadas como la calidad de los procesos llevados adelante por los fiscales.
Si bien la creación de este organismo representa un cambio relevante en la estructura del Ministerio Público Fiscal, aún no trascendió quiénes estarán a cargo del área, dato que se espera sea confirmado durante la presentación oficial del manual.
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