El debate por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentara una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. La acción fue ingresada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a declaraciones del mandatario que, según la organización, afectan el reclamo histórico argentino.
La denuncia se centra en una entrevista concedida por Milei al diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025. En esa ocasión, el presidente sostuvo que la restitución del territorio a la Argentina debería darse mediante negociaciones y teniendo en cuenta la voluntad de los habitantes de las islas.
Desde el CECIM señalaron que estas expresiones no se ajustan a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional ni a los compromisos internacionales asumidos por el país. Entre ellos, mencionaron la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
La entidad, presidida por Rodolfo Carrizo, advirtió que las declaraciones del jefe de Estado proyectan una señal de retroceso en la defensa de la causa Malvinas. En ese sentido, explicaron que si bien la Constitución establece el respeto al modo de vida de los habitantes del archipiélago, no habilita a condicionar el reclamo soberano a su consentimiento.
La presentación judicial también cuestiona el discurso que Milei pronunció el 2 de abril de 2025 durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Allí, el Presidente afirmó que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y expresó su deseo de que “los malvinenses prefieran ser argentinos”.
Para el CECIM, este enfoque desplaza el reclamo desde el derecho internacional hacia una lógica basada en incentivos económicos y decisiones individuales, lo que podría debilitar la posición histórica de la Argentina a nivel internacional. “Cuando se habla de soberanía, las palabras del Jefe de Estado tienen efectos jurídicos hacia afuera”, advirtieron los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, patrocinantes de la denuncia.
Desde la organización recordaron que previamente habían solicitado una rectificación formal tanto al presidente como a la Cancillería, sin obtener respuesta. Además, señalaron que estas declaraciones no constituyen un hecho aislado dentro de la actual administración.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°12, subrogado por el juez Julián Ercolini, donde se solicitó analizar si los hechos denunciados pueden configurar otros delitos de acción pública.
Comentarios