El Tribunal Oral Federal N.º 2 autorizó la implementación de embargos preventivos y otras medidas cautelares sobre un conjunto de inmuebles vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos la vivienda ubicada en San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria.
Según fuentes judiciales, el inmueble pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. La propiedad quedó incluida dentro del patrimonio alcanzado por las medidas destinadas a garantizar el pago de una multa de $685.000 millones establecida en la sentencia.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que la medida no implica, en esta instancia, la venta forzosa de los bienes ni una modificación de su inscripción registral.
Sin embargo, la decisión abre un interrogante sobre la continuidad del régimen de prisión domiciliaria de la expresidenta, ya que la vivienda donde cumple la medida quedó alcanzada por las actuaciones patrimoniales. Por el momento, el embargo no implica por sí mismo el desalojo ni modifica automáticamente las condiciones de su arresto domiciliario.
Una nueva etapa del decomiso
La resolución forma parte de la segunda etapa de la ejecución patrimonial derivada de la condena. El proceso comenzó luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara medidas sobre 111 activos.
En noviembre de 2022, el TOF 2 ya había dispuesto procedimientos sobre 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, 85 bienes atribuidos a Lázaro Báez y otros inmuebles pertenecientes a condenados en la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal posteriormente ratificó las medidas sobre los bienes intervenidos y ordenó avanzar con los decomisos. Tanto Cristina Kirchner como Báez recurrieron esas decisiones y ahora aguardan una definición de la Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente, el tribunal trabaja sobre un nuevo listado de 144 activos, que incluye terrenos, vehículos y participaciones societarias.
Dólares y bienes de los hijos de la expresidenta
Entre los activos alcanzados también figuran US$5 millones registrados a nombre de Florencia Kirchner y depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los magistrados fundamentaron la afectación patrimonial de Máximo y Florencia Kirchner en los argumentos desarrollados en la sentencia condenatoria, que estableció la existencia de un esquema relacionado con la obra pública que generó beneficios económicos para Lázaro Báez y, de acuerdo con el fallo, alcanzó también a integrantes de la familia Kirchner.
La Justicia sostiene que entre 2003 y 2015 existió una relación económica entre sociedades vinculadas a Báez y empresas pertenecientes a la familia Kirchner, entre ellas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
En ese marco, las operaciones de alquiler y explotación turística de inmuebles fueron consideradas parte de la trazabilidad patrimonial analizada en la causa.
El TOF 2 busca así avanzar sobre los bienes que, según las resoluciones judiciales, habrían sido adquiridos o beneficiados con fondos vinculados al delito investigado, aplicando además las disposiciones del artículo 23 del Código Penal respecto del decomiso y de los bienes de personas jurídicas que hubieran obtenido un beneficio.
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