Amenazó con una bomba para evitar una audiencia y terminó con una probation en Sarmiento

El hombre realizó un llamado anónimo para intentar suspender una citación judicial. La investigación vinculó la amenaza con su audiencia y además detectó que había violado una restricción de acercamiento.

Un hombre protagonizó un insólito episodio en Sarmiento al realizar una falsa amenaza de bomba con el objetivo de evitar una citación judicial. La maniobra fue descubierta y terminó enfrentando un proceso penal por distintos hechos.

El episodio ocurrió el 8 de agosto, cerca de las 9:30, cuando la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) recibió una alerta sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones del Centro Cultural Sarmiento.

La amenaza obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuar el edificio. Sin embargo, los investigadores cruzaron la información del llamado con las personas que debían presentarse ese día ante el Juzgado de Paz de Sarmiento.

Fue entonces cuando surgieron las sospechas sobre José Luis Zotomayor, quien tenía una audiencia programada prácticamente en el mismo horario en que se realizó la amenaza.

La investigación incorporó además el testimonio de su expareja, quien manifestó que ambos estaban separados y denunció que sufría hostigamiento telefónico.

Con estos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde fueron secuestrados tres teléfonos celulares y dos chips.

Zotomayor ya contaba con una medida de protección dictada por la jueza de Paz, que incluía el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

La situación volvió a complicarse el 18 de agosto, cuando la alarma del dispositivo se activó mientras la mujer se encontraba trabajando. La Policía intervino rápidamente y aprehendió al hombre por presuntamente violar la restricción de acercamiento.

Finalmente, la Fiscalía de CAVIG y la UFI Genérica unificaron las causas y acordaron otorgarle una suspensión de juicio a prueba (probation) por un año.

Durante ese período, Zotomayor deberá cumplir con la prohibición absoluta de contacto con la víctima, realizar tareas comunitarias no remuneradas y pagar una reparación económica simbólica.

Como no registraba condenas previas, la Justicia autorizó el beneficio. Si cumple todas las condiciones durante los próximos doce meses, la acción penal quedará extinguida y evitará llegar a un juicio oral.

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