Mauricio David “Peca” Ramírez, quien cumple una condena de 13 años y 4 meses de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en 2015, volvió a quedar bajo investigación judicial tras una denuncia por presuntos hechos de violencia de género contra su expareja.
Ramírez había sido condenado en 2017 y se encontraba bajo el régimen de libertad condicional. Según la investigación impulsada por la UFI CAVIG, la denunciante aseguró que el hombre la habría amenazado de muerte con un revólver en el barrio Sierras de Marquesado. También se investigan presuntas agresiones físicas y el incumplimiento de medidas judiciales de restricción.
De acuerdo con los datos expuestos en la causa, las pericias psicológicas realizadas a la mujer detectaron un cuadro grave de estrés postraumático, además de un índice elevado en la evaluación de riesgo.
El acusado rechazó las acusaciones
Durante la audiencia de formalización, Ramírez compareció junto a su defensa luego de que, según lo informado, no fuera localizado en dos allanamientos anteriores.
Al hacer uso de la palabra, negó las acusaciones y sostuvo que se trataría de una maniobra de su expareja vinculada a una supuesta infidelidad. Además, afirmó que la mujer buscaría que regresara al Servicio Penitenciario debido a sus antecedentes penales y aseguró que se encontraba trabajando cuando habrían ocurrido los hechos denunciados.
La fiscalía pidió prisión preventiva, pero el juez la rechazó
El Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado quedara en prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos investigados y la condena previa, cuyo vencimiento está previsto para 2029.
Sin embargo, el juez de Garantías Mariano Carrera rechazó el pedido de encarcelamiento. Entre los fundamentos señalados se mencionaron la presentación voluntaria del acusado y la falta de certeza suficiente respecto de los testimonios iniciales.
Como resultado, se dispuso que Ramírez continúe en libertad bajo medidas restrictivas durante seis meses. Entre las condiciones impuestas figuran la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la denunciante, la prohibición de contactarla a través de redes sociales, la obligación de presentarse mensualmente en la Comisaría 23.ª y la colocación de una tobillera electrónica para controlar su ubicación.
La investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y el eventual incumplimiento de las medidas judiciales. Las acusaciones en esta nueva causa deberán ser acreditadas en el proceso correspondiente.
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