La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a poner en debate qué ocurrirá en San Juan con los adolescentes de entre 14 y 17 años que sean acusados de cometer delitos.
El juez penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, explicó que el nuevo esquema no implica que todos los adolescentes alcanzados por la normativa terminen privados de su libertad. Por el contrario, la Ley 27.801 establece un sistema que prioriza las medidas socioeducativas y las sanciones alternativas, dejando el encierro como una medida de última instancia y por el menor tiempo posible.
Hasta ahora, la edad de imputabilidad se encontraba establecida en los 16 años. Con la nueva legislación, los adolescentes de 14 y 15 años también quedan comprendidos dentro del régimen de responsabilidad penal juvenil cuando son imputados por un delito.
El desafío para San Juan
En diálogo con Radio Sarmiento, Toro advirtió que la aplicación del nuevo régimen demandará que la provincia cuente con profesionales, programas, recursos e infraestructura adecuados.
El magistrado señaló que, si las medidas socioeducativas no cuentan con el acompañamiento necesario por parte del Estado, existe el riesgo de que la privación de la libertad termine utilizándose como respuesta ante hechos de menor gravedad.
“La respuesta del Estado más que nunca tiene que ser eficaz”, sostuvo Toro.
En ese sentido, remarcó que el objetivo del sistema no debería limitarse al castigo, sino también apuntar a procesos de educación, atención de la salud, capacitación laboral y reinserción social.
Entre las medidas previstas por la normativa aparecen las amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, restricciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, asistencia a programas educativos y capacitación laboral.
En los casos en que corresponda una pena privativa de libertad, esta podrá cumplirse bajo distintas modalidades, como el domicilio, un instituto abierto o un instituto especializado. Los adolescentes deberán permanecer separados de personas adultas.
Las cifras que analiza la provincia
Toro también aportó datos sobre la participación de menores de edad en los delitos registrados en San Juan.
Según explicó, los menores de 18 años representan menos del 2% del total de delitos registrados en la provincia.
Dentro de ese universo existe, según el magistrado, un grupo reducido que concentra una parte importante de los hechos. Se trata de entre un 8% y 9% de los jóvenes que delinquen, aproximadamente 60 a 70 adolescentes por año.
En ese grupo aparecen con mayor frecuencia problemáticas vinculadas al consumo de sustancias, abandono escolar y déficits educativos.
A su vez, Toro señaló que aproximadamente el 79% de los adolescentes que cometen un delito no vuelve a delinquir. Por ese motivo, consideró necesario concentrar los esfuerzos en el grupo que presenta reincidencia y mayores niveles de vulnerabilidad.
Infraestructura y nuevas herramientas
Otro de los desafíos que tendrá San Juan será adaptar su infraestructura al nuevo régimen.
Actualmente, la provincia cuenta con el Instituto Nazario Benavídez, destinado históricamente a adolescentes de 16 y 17 años que cumplen medidas privativas de libertad.
Con la entrada en vigencia del nuevo sistema, ese espacio deberá contemplar también a adolescentes de 14 y 15 años, además de las diferentes situaciones procesales que puedan presentarse.
Toro también manifestó desconocer si San Juan cuenta actualmente con un dispositivo específico para adolescentes mujeres bajo las nuevas condiciones establecidas por la normativa.
La ley incorpora además la figura del supervisor, que tendrá un rol central en el seguimiento del adolescente y en la articulación con su familia, la escuela, el club y el entorno comunitario.
El juez señaló que tampoco tiene confirmado si esta herramienta ya se encuentra implementada en la provincia.
San Juan también analiza cambios procesales
Finalmente, Toro planteó que San Juan todavía cuenta con un régimen procesal que considera antiguo para el ámbito penal juvenil y que sería necesario avanzar en modificaciones.
Según indicó, este aspecto estaría siendo analizado actualmente en el ámbito de la Corte de Justicia de San Juan.
La reglamentación nacional de la Ley 27.801 fue publicada el 7 de septiembre de 2026 y estableció herramientas para su implementación, entre ellas mecanismos de capacitación especializada y medidas alternativas a la privación de libertad.
Ahora, el desafío para San Juan será determinar si cuenta con las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen y garantizar que el encierro sea realmente la última alternativa, mientras se fortalecen las herramientas de prevención, acompañamiento y reinserción de los adolescentes.
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