Tras la aparición de pintadas en edificios judiciales, la Corte de Justicia dispuso un operativo de seguridad especial que comenzó a implementarse desde la primera hora del lunes, con controles estrictos en los accesos.
La medida incluyó la revisión con detectores de metales a todas las personas que ingresan a Tribunales, sin distinción de jerarquías, lo que generó sorpresa entre quienes concurrían habitualmente a las dependencias.
En paralelo, se puso en marcha una investigación interna. Según trascendió, seis empleados fueron consultados por la Oficina de Clima Laboral y reconocieron haber realizado las inscripciones.
De acuerdo a sus declaraciones, se trató de una “broma” entre compañeros. Indicaron que escribieron los mensajes el viernes con la intención de generar temor, aunque luego aseguraron haber olvidado borrarlos.
Pese a esa explicación, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y remarcó que el hecho no será minimizado.
En ese contexto, la Sala de Superintendencia designó a un oficial sumariante y a un secretario actuante para avanzar con el proceso. Entre las posibles sanciones se contemplan llamados de atención y suspensiones de hasta 30 días sin goce de haberes.
Mientras tanto, las autoridades resolvieron mantener y ampliar de forma aleatoria los controles de seguridad en los edificios judiciales, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.
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