El expediente que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales del departamento tuvo un nuevo movimiento en tribunales. La jueza Ana Lía Larrea rechazó el recurso de casación presentado por las defensas, que buscaban que la Corte de Justicia definiera la competencia del caso.
Con esa resolución, queda firme por ahora el criterio de que la investigación siga en el fuero penal y no en el ámbito contencioso administrativo, como venían planteando el jefe comunal y los ediles Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes.
La causa nació a partir de una resolución aprobada por el Concejo Deliberante de Angaco, donde los concejales avalaron una propuesta de reparación integral del daño impulsada por Castro en otra causa penal. Esa decisión fue cuestionada por Fiscalía, que abrió una nueva investigación para revisar si hubo conductas delictivas en la aprobación del acuerdo.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal atribuye a los involucrados posibles delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y encubrimiento.
La defensa sostuvo desde el inicio que se trataba de la validez de una resolución administrativa y que la discusión debía pasar por la Justicia Contencioso Administrativa.
Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como el Tribunal de Impugnación ya habían rechazado ese planteo. Ahora, con la discusión de competencia nuevamente cerrada, la investigación volverá a la órbita del Ministerio Público Fiscal y retomará la instancia de formalización.
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