Una investigación judicial por el presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Calingasta puso bajo la lupa el accionar de un inspector municipal, acusado de haber recibido dinero de un contribuyente en una cuenta personal, en lugar de hacerlo ingresar por los canales oficiales de recaudación.
El caso se inició a partir de la denuncia penal presentada por el intendente Sebastián Carbajal, que derivó en allanamientos realizados por la UFI Delitos Especiales en dependencias municipales.
Una transferencia de $100.000
Según la información conocida sobre la causa, un vecino se presentó en el municipio para gestionar el alquiler de un espacio público durante tres días, con el objetivo de instalar un puesto ambulante comunitario. El canon establecido para ese período era de $100.000.
El inspector habría confeccionado el expediente y entregado un comprobante oficial. Sin embargo, al momento de pagar, le habría indicado al contribuyente que no abonara por la caja municipal y que transfiriera el dinero a una cuenta personal de Mercado Pago.
El vecino realizó la transferencia y se retiró con la documentación que acreditaba el trámite, convencido de que tenía reservado el espacio.
La situación se descubrió cuando llegó al predio para instalarse y comprobó que el lugar figuraba disponible. Ante el reclamo, presentó el comprobante y el registro de la transferencia.
La auditoría detectó una presunta irregularidad
A partir de ese episodio, el municipio inició una auditoría informática interna. De acuerdo con los datos difundidos sobre la investigación, el trámite se habría cargado inicialmente en el sistema para emitir el comprobante oficial, pero luego habría sido dado de baja manualmente bajo la condición de “anulado”.
Esa maniobra habría impedido que el importe quedara registrado como un ingreso efectivo para las arcas municipales, mientras el dinero era transferido a una cuenta privada.
La investigación busca determinar si hubo más casos
El fiscal Iván Grassi y los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín avanzan con el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos.
Uno de los puntos centrales será establecer si el procedimiento denunciado se repitió en otras operaciones y si existen más personas afectadas.
La investigación continúa en curso y deberá determinar las responsabilidades correspondientes en torno al presunto desvío de fondos públicos.
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