La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum tuvo este martes una audiencia clave, aunque finalmente la jueza de Garantías Mónica Lucero decidió no tratar por el momento el pedido de prórroga solicitado por Fiscalía.
La magistrada resolvió pasar la audiencia a cuarto intermedio al considerar necesaria la presencia del abogado Nasser Uzair, representante legal de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían eventualmente quedar bajo investigación en el expediente.
Ahora, la jueza deberá fijar una nueva fecha para continuar con la audiencia donde se analizará el pedido de extensión de 90 días hábiles más para avanzar con la investigación.
Fuentes judiciales aclararon que la decisión no afecta el planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal, ya que la solicitud fue presentada dentro de los plazos legales establecidos.
La audiencia había sido programada originalmente para el lunes, aunque por cuestiones administrativas fue reprogramada para este martes.
En caso de que la prórroga sea aprobada, los fiscales deberán luego avanzar obligatoriamente hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formalizan imputaciones y se informa a los sospechosos sobre los delitos investigados.
Por el contrario, si no surgen pruebas suficientes, la causa podría ser archivada o desestimada.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a cuatro ayudantes fiscales designados debido al volumen de documentación y pruebas incorporadas al expediente.
La denuncia original fue presentada el 9 de diciembre pasado por el abogado Marcelo Arancibia, quien pidió investigar presuntas maniobras ilícitas vinculadas a contrataciones estatales relacionadas con la obra del Acueducto Gran Tulum.
En su presentación, el letrado solicitó además analizar la posible responsabilidad de funcionarios provinciales de la gestión 2019-2023, encabezada por el exgobernador Sergio Uñac.
Entre los puntos señalados en la denuncia aparecen supuestos direccionamientos de licitaciones para favorecer a la empresa Krah, vinculada al empresario Gustavo Monti, fallecido el pasado 25 de febrero.
Además, la presentación judicial menciona presuntas irregularidades como redeterminaciones aceleradas de precios y pagos anticipados relacionados con la obra.
La causa tramita en la UFI Delitos Especiales, que actualmente se encuentra dentro del período de investigación preliminar para determinar si corresponde avanzar con imputaciones formales.
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