El Ministerio Público Fiscal de San Juan implementó un nuevo protocolo que modifica la forma en que fiscales, asesores y funcionarios se relacionan con los medios de comunicación. La medida fue establecida mediante la Resolución General N.º 26/2026, firmada por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí.
La normativa aprueba el “Protocolo de Actuación para el Manejo de Información Pública del Ministerio Público de San Juan”, cuyo cumplimiento será obligatorio para todos los integrantes del organismo involucrados en la generación o difusión de información institucional.
Entre los cambios más relevantes, se establece que la Oficina de Comunicaciones será el canal prioritario para la difusión de información oficial, la elaboración de comunicados, la coordinación de entrevistas y el vínculo con los medios de prensa.
Además, el protocolo dispone que fiscales y funcionarios deberán evitar brindar información informal, extraoficial o no autorizada, y desalienta los intercambios permanentes con periodistas sobre causas judiciales en trámite. Toda consulta periodística relacionada con investigaciones deberá ser canalizada preferentemente a través de dicha oficina o contar con autorización expresa del Fiscal General.
La resolución también fija límites sobre las declaraciones públicas. Los funcionarios sólo podrán difundir información objetiva y previamente autorizada, evitando opiniones personales, interpretaciones sobre pruebas, detalles de estrategias investigativas o expresiones que puedan afectar el desarrollo de las causas.
Uno de los puntos que generó mayor repercusión es el referido a las responsabilidades por incumplimiento. Aunque no se establecen sanciones específicas por hablar con la prensa, el protocolo advierte que quienes vulneren las disposiciones podrán enfrentar consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles o incluso penales, especialmente en casos de difusión de información reservada.
Asimismo, la normativa establece que cualquier difusión o circulación de información institucional, judicial o investigativa sin autorización deberá ser informada de inmediato al Fiscal General para evaluar las medidas correspondientes.
El documento también refuerza la protección de datos sensibles, prohibiendo la difusión de información que permita identificar a víctimas de delitos sexuales, niños, niñas y adolescentes, testigos protegidos o personas en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, impide la publicación de expedientes completos, declaraciones testimoniales, informes médicos o documentación alcanzada por reserva judicial.
Desde el Ministerio Público sostienen que la medida busca fortalecer la transparencia institucional, garantizar el acceso ordenado a la información pública y proteger derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la intimidad de las víctimas y el normal desarrollo de las investigaciones.
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