La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral en el marco de la causa por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, que prevé la devolución total de $524 millones a 352 personas damnificadas.
El acuerdo fue impulsado por la defensa y validado por la jueza Ana Carolina Parra, y establece un plan de pagos en cinco cuotas que deberán cancelarse en un plazo de 120 días. Según lo dispuesto, los vencimientos se extenderán entre el 25 de abril y el 25 de agosto.
Como parte del procedimiento, los damnificados deberán presentar su CBU bancario dentro de los siete días hábiles en la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, requisito indispensable para poder recibir los depósitos correspondientes.
La propuesta contempla la restitución íntegra del perjuicio económico denunciado y cuenta con garantías a través de la afectación de bienes muebles e inmuebles, lo que busca asegurar el cumplimiento efectivo de los pagos comprometidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el acuerdo se circunscribe al ámbito penal, por lo que no impide que las víctimas puedan avanzar con eventuales reclamos en la vía civil.
Para llegar a esta instancia, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial. El trabajo incluyó el relevamiento de datos en distintas entidades crediticias y la reconstrucción de movimientos bancarios, lo que permitió avanzar en la trazabilidad de los fondos.
En ese contexto, se concretaron 12 allanamientos y múltiples medidas orientadas a identificar y asegurar activos vinculados a la causa.
El equipo fiscal estuvo encabezado por el fiscal subrogante Eduardo Gallastegui y el fiscal de caso Guillermo Heredia, junto a un grupo de ayudantes fiscales y colaboradores.
La reparación integral es una herramienta prevista dentro del sistema penal que busca priorizar la restitución del daño a las víctimas, en este caso mediante un acuerdo que apunta a recomponer el perjuicio económico sufrido por los denunciantes.
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