Por razones de timing político y ante la falta de garantías para su aprobación, el Gobierno nacional resolvió excluir del temario de las sesiones extraordinarias de febrero una serie de proyectos considerados estratégicos para su programa. Las iniciativas quedaron postergadas para cuando se inicie el período ordinario del calendario parlamentario, en marzo.
La ausencia más llamativa es la del proyecto de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocida como la ley de “regla fiscal”, que sí había sido incluida en el llamado a extraordinarias de diciembre.
La regla fiscal, en pausa
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes parlamentarias del oficialismo, varios bloques de la oposición dialoguista expresaron fuertes reparos al texto. El principal cuestionamiento apunta a que la norma impone un límite rígido al gasto público incluso en situaciones excepcionales, como pandemias, catástrofes naturales o crisis humanitarias.
El proyecto, que establece el déficit cero en cualquier escenario, contaba con dictamen vigente y había sido incorporado al temario de la última sesión de Diputados, donde se aprobaron el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, ante el riesgo de que no se alcanzara el quórum, esa sesión fue levantada y la iniciativa volvió a comisión.
La ley propone un esquema de sanciones para funcionarios públicos y directivos de bancos estatales que generen gasto considerado innecesario o incurran en mecanismos de emisión monetaria distorsivos. En los hechos, busca plasmar en una norma el principio libertario de “no gastar más de lo que ingresa”, eje central del discurso del presidente Javier Milei y simbolizado por la motosierra.
El ajuste impulsado por el Gobierno ha llegado a tal punto que incluso se resiste a aplicar leyes vigentes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, pese a haber sido aprobadas por ambas cámaras y ratificadas tras los vetos presidenciales.
Reforma del Código Penal, otro freno
Otro proyecto que fue retirado del listado de extraordinarias es la reforma integral del Código Penal, una de las principales banderas de la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
La iniciativa apunta a refundar el Código Penal, cuya sanción original data de 1921. De prosperar, el texto pasaría de 316 a 920 artículos. A fines del año pasado se intentó acelerar su debate mediante una comisión bicameral, pero la propuesta no logró consenso.
Entre los puntos más relevantes, se plantea la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, además de un endurecimiento generalizado de penas, con foco en corrupción y narcotráfico.
También incorpora propuestas impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, como el nuevo régimen penal juvenil —que reduce la edad de imputabilidad—, la ley “antimafia”, la ley de reiterancia y el juicio en ausencia. Asimismo, crea un capítulo específico para delitos informáticos, que incluye estafas digitales, grooming, porno venganza, contenidos sexuales falsos creados con inteligencia artificial y phishing.
Polémica por el DNU de Inteligencia
La exclusión que mayor enojo generó en la oposición fue la del DNU 941/2025, mediante el cual el Gobierno reformó el sistema de inteligencia nacional y amplió las facultades de la SIDE.
Los bloques opositores pretendían que en febrero se habilitara a la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario para tratar el decreto, con el objetivo de rechazarlo en ambas cámaras. Sin embargo, el oficialismo decidió no incluirlo en el temario.
Finalmente, el Gobierno solo convocó a extraordinarias para tratar la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.
Desde la oposición, el diputado nacional Nicolás del Caño cuestionó la decisión y denunció que el Ejecutivo busca “reforzar el aparato represivo” y otorgar “superpoderes” a los organismos de inteligencia. Además, advirtió que, si no se trata el DNU en los plazos legales, impulsarán movilizaciones para exigir su rechazo en el Congreso.
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