La causa por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum tuvo un nuevo capítulo este martes en la Justicia sanjuanina. En la Sala 9 del Palacio de Tribunales se retomó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, con la presencia del exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y del exfuncionario Cristian Andino.
Ambos habían estado ausentes en la primera convocatoria, realizada el pasado 14 de octubre. Esta vez asistieron a la instancia judicial que busca esclarecer posibles maniobras irregulares en una de las obras hídricas más importantes proyectadas para San Juan.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales. Su actuación fue cuestionada por una de las defensas, que presentó una denuncia ante la Justicia Federal. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Guillermo Baigorrí, respaldó el trabajo de los investigadores.
La jornada también estuvo marcada por el planteo del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien solicitó participar de manera virtual debido a que se encontraba fuera del país por un viaje programado. El pedido generó nuevas diferencias entre las defensas y la Fiscalía.
Qué investiga la fiscalía
La hipótesis fiscal apunta a una posible manipulación del proceso licitatorio para favorecer a Krah América Latina S.A., empresa encargada de proveer las cañerías del acueducto.
Además, se investigan las condiciones de contratación, la calidad de los materiales utilizados y el destino de los recursos públicos comprometidos.
Uno de los puntos centrales es determinar por qué la obra no llegó a completarse, pese a que la Provincia tomó un crédito internacional de 100 millones de dólares para financiarla. Según la Fiscalía, las cañerías presentaban defectos y podrían haberse cometido irregularidades durante la adjudicación.
Antes de ingresar a Tribunales, Uñac habló con la prensa y manifestó desconocer el motivo concreto de su citación. «No sé el motivo de la citación. Es la pura verdad. Sé que hay una confluencia de causas provincial y federal», expresó.
El expediente alcanza a 11 personas, entre ellas exautoridades de OSSE, antiguos funcionarios provinciales y representantes de la empresa proveedora de los caños. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
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