Este lunes comenzó en los tribunales de San Juan el juicio contra dos policías de la Unidad Motorizada N°1 acusados por un episodio ocurrido en marzo de 2025, en el que un joven motociclista recibió disparos por la espalda.
Los imputados son el cabo primero Alejandro Meza y el cabo Andrés Bernal, acusados por las lesiones sufridas por Gustavo Agustín López Morales, quien tenía 20 años al momento del hecho.
El debate está a cargo de la jueza Flavia Allende. La acusación está encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales, mientras que la defensa de los dos policías está a cargo del abogado Gustavo Sánchez.
Durante la primera jornada está prevista la declaración de los primeros testigos. Entre los testimonios de mayor relevancia se encuentra el de López Morales, quien deberá relatar ante el tribunal cómo ocurrió el episodio y cuáles fueron las lesiones que sufrió.
La acusación fiscal
Según la teoría presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de la 1:15 del 17 de marzo de 2025. López Morales regresaba a su domicilio por calle Benavídez a bordo de una motocicleta Kymco 110 cc.
De acuerdo con la acusación, cuando el joven tomó la Ruta 40 fue alcanzado por una motocicleta policial tipo Tornado en la que se desplazaban Meza y Bernal.
La Fiscalía sostiene que el acompañante, identificado como Bernal, efectuó un disparo con una escopeta antitumulto sin que previamente se hubiera utilizado la sirena o se hubiera dado la voz de alto.
Según la acusación, López Morales recibió 16 perdigones, 14 de ellos en la espalda y otros dos en el brazo derecho.
La Fiscalía también sostiene que los efectivos no se identificaron ni asistieron al joven después del episodio y que posteriormente se retiraron del lugar en dirección contraria.
En función de esta acusación, la Fiscalía solicitará para Bernal 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación, por los delitos atribuidos en el expediente.
Para Meza, señalado como quien conducía la motocicleta policial, solicitará 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La postura de la defensa
La defensa solicitará la absolución de ambos policías y sostiene una versión diferente sobre dónde se encontraban los agentes al momento del episodio.
Según el planteo defensivo, Meza y Bernal se encontraban participando de otro operativo en el barrio Dorrego cuando ocurrió el ataque denunciado.
Los abogados sostienen que esta circunstancia podría ser acreditada mediante la geolocalización de los teléfonos celulares de los policías.
El juicio continuará con la producción de prueba y las declaraciones de los testigos convocados por las partes.
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