El empresario Lázaro Báez fue formalmente imputado como presunto cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos que, según la investigación, habría operado desde el lugar donde cumple su condena, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La acusación fue presentada durante dos audiencias judiciales realizadas en Santa Cruz, en el marco de una investigación conjunta que involucra a 16 personas distribuidas en dos expedientes conexos.
La formalización de los cargos estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. La presentación se realizó ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez.
Investigan movimientos por casi 391 millones de pesos
En el centro de la primera causa se encuentra un presunto circuito financiero de $390.880.000, que habría sido administrado y puesto en circulación de manera ilícita.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Báez habría dirigido las maniobras mediante comunicaciones telefónicas, pese a las restricciones que pesan sobre él en función de su situación de detención y de lo establecido por el artículo 12 del Código Penal.
La calificación legal provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Los investigadores sostienen que la organización habría utilizado transferencias fraccionadas entre cuentas bancarias de allegados y billeteras virtuales para reinsertar fondos de presunto origen irregular en el circuito económico formal.
Una segunda causa investiga una red narcocriminal
La investigación también contempla un segundo expediente conexo, en el que se analiza el funcionamiento de una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región patagónica.
Esta causa involucra a nueve acusados y, según la fiscalía, presenta puntos de contacto logísticos con el entorno del empresario santacruceño.
Doce detenidos con prisión preventiva
Durante las audiencias, el juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó la detención de doce imputados bajo prisión preventiva y estableció medidas de coerción para los otros cuatro acusados.
Además, fijó un plazo de dos años para el desarrollo de la investigación, ordenó el embargo de los vehículos incautados y dispuso el levantamiento del secreto financiero.
El expediente se sostiene, entre otros elementos, en intervenciones telefónicas y documentación secuestrada durante los procedimientos.
Con las defensas preparando sus planteos y los acusados sin declarar, la investigación abre un nuevo frente judicial en torno a los movimientos económicos y los vínculos que se le atribuyen al empresario Lázaro Báez.
La causa continúa en etapa de instrucción y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.
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