Una serie de escuchas telefónicas entre Lázaro Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, reveló cómo el empresario condenado por corrupción habría continuado impartiendo instrucciones desde la cárcel de Ezeiza para administrar y explotar propiedades alcanzadas por medidas judiciales.
Las conversaciones forman parte de una investigación federal por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y maniobras vinculadas al narcotráfico. La Justicia sospecha que Báez habría mantenido el control de parte de su patrimonio mediante una red de colaboradores, entre ellos Ibáñez y su pareja, Claudia Insaurralde, pese a los embargos y las restricciones sobre sus bienes.
Uno de los fragmentos más contundentes de las grabaciones refleja la posición que Báez habría mantenido sobre las decisiones comerciales: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.
Las grabaciones fueron incorporadas a la investigación que lleva adelante la fiscalía federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según la acusación, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente $390 millones mediante distintas operaciones comerciales y financieras.
Las órdenes sobre dos estancias de Santa Cruz
Una de las conversaciones más relevantes ocurrió el 5 de octubre, cuando Báez habló con Ibáñez sobre la administración de dos establecimientos rurales: La Entrerriana y Alquinta. Ambas propiedades figuran entre los bienes identificados por la Justicia para su decomiso.
Durante los intercambios, Ibáñez se dirige a Báez como “Tío”, mientras que ambos hacen referencia a Insaurralde como “Tía”.
En uno de los diálogos, el empresario exige tener participación directa en la elección de los administradores y sostiene: “Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo”.
También cuestiona que Insaurralde pudiera tomar decisiones por su cuenta y advierte: “Porque la Tía piensa que porque pone gente que ella quiere, después va a hacer lo que ella quiere, ojo con eso”.
Báez incluso ordena trasladar al administrador de La Entrerriana hacia la otra estancia y dejar en su lugar a una persona de confianza. “Yo voy a supervisar los dos lados”, remarca.
En otra comunicación, eleva el tono ante las diferencias sobre la organización de los campos: “No, no me estás entendiendo, porque lo va a hacer, y si no yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”.
Para los investigadores, estos intercambios constituyen elementos relevantes porque mostrarían que Báez seguía dando instrucciones sobre la administración de establecimientos rurales mientras permanecía detenido.
La conexión con el presunto narcotráfico
Las escuchas también permiten observar el vínculo de confianza entre Báez e Ibáñez, quien aparece investigado en una causa conexa por narcotráfico y es señalado como uno de los posibles responsables de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
En otro intercambio del 5 de octubre, Ibáñez le comunica al empresario que tenía preparada una operación relacionada con una de las estancias.
“Escuchame, Tío, ya tengo todo, avisame nomás para que el muchacho ponga el gancho y lo manejemos nosotros”, expresa.
Cuando Báez le pregunta a qué se refiere, su interlocutor aclara que habla de Alquinta. El empresario responde afirmativamente y continúa dando indicaciones sobre la participación de Insaurralde.
La fiscalía busca establecer si existieron conexiones entre las operaciones económicas atribuidas a Báez y las actividades de la estructura investigada por narcotráfico.
“El dueño de la historia soy yo”: la disputa por los alquileres
Otra conversación incorporada al expediente corresponde al 8 de octubre y está relacionada con el alquiler de inmuebles utilizados por empresas vinculadas a servicios médicos en Río Gallegos.
En el diálogo participa un interlocutor identificado como “Tato”, quien menciona una negociación contractual que involucraba a las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa.
Báez interviene para dejar en claro que Insaurralde tenía instrucciones precisas sobre cómo resolver el conflicto.
“Acá hay una sola parte, hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara”, sostiene.
Durante la conversación, presiona para alcanzar un acuerdo y amenaza con finalizar el contrato si no se resuelve la situación. También cuestiona negociaciones realizadas sin su autorización y vuelve a remarcar su autoridad sobre las decisiones.
“El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, afirma.
Para los investigadores, las conversaciones aportan elementos sobre la presunta continuidad del manejo comercial de propiedades y negocios alcanzados por medidas cautelares, incluso mientras Báez cumplía su condena.
La investigación busca determinar el alcance de esa estructura, el rol de cada uno de los involucrados y los posibles vínculos entre las maniobras patrimoniales y las actividades relacionadas con el narcotráfico.
Comentarios