El fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, adelantó que solicitará al Gobierno provincial la creación de nuevos cargos judiciales para afrontar el crecimiento de causas penales y la futura implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
En declaraciones realizadas en 0264 Radio, Baigorrí señaló que, como máxima aspiración, pediría “10 fiscales”, aunque reconoció que probablemente la cifra final sea menor. Además, indicó que también hacen falta entre “10 o 12 ayudantes fiscales”, quienes son los funcionarios que trabajan junto a la Policía en la calle y participan de los procedimientos e investigaciones.
El jefe del Ministerio Público explicó que actualmente debe mover ayudantes fiscales de una Unidad Fiscal de Investigación a otra según las necesidades de cada dependencia y admitió que muchas UFIs solicitan más personal por la creciente demanda de trabajo.
Baigorrí remarcó que hoy no existen cargos disponibles dentro de la estructura judicial, ya que todos fueron cubiertos tras la implementación total del sistema acusatorio en febrero de 2024. Por eso, anticipó que buscará plantearle al Ejecutivo provincial que se incorporen nuevos puestos en la próxima ley de presupuesto.
También recordó que la Corte de Justicia de San Juan había enviado en 2024 un proyecto para crear 80 cargos judiciales destinados a reforzar el sistema acusatorio, aunque la iniciativa perdió estado parlamentario.
En ese marco, Baigorrí hizo foco en la preocupación que genera la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei, que reducirá la edad de imputabilidad y ampliará la investigación de delitos cometidos por menores.
“El escenario ideal sería pasar al sistema acusatorio también en el fuero juvenil”, expresó el fiscal General, aunque reconoció que podrían verse obligados a implementar una etapa de transición si no existen los recursos suficientes para aplicar el nuevo esquema plenamente.
Por otro lado, también se mostró cauteloso respecto a la implementación inmediata del juicio por jurados y sostuvo que se trata de un sistema que requiere tiempo, infraestructura, reglamentación y consenso político para poder funcionar correctamente.
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