Este viernes se realizó una nueva audiencia en la causa que tiene como condenado a Daniel Roberto Pino, un jubilado de 71 años de Pocito condenado por el delito de distribución de material de explotación sexual infantil agravado por la edad de las víctimas.
La defensa apeló la sentencia dictada el pasado 25 de junio, cuando el juez Diego Sanz consideró acreditada la responsabilidad penal de Pino y le impuso una pena de cuatro años de prisión domiciliaria.
Durante la audiencia ante el Tribunal de Impugnación, sus abogados plantearon distintas alternativas para modificar la sentencia.
Los pedidos de la defensa
En primer término, la defensa solicitó la absolución de Pino.
Como alternativa, pidió que se elimine el agravante previsto en el artículo 128, quinto párrafo, del Código Penal, que en este caso llevó el mínimo de la pena a cuatro años.
Según el planteo de los abogados, si el Tribunal de Impugnación acepta esa modificación, la pena podría reducirse a tres años de prisión.
Ante ese escenario, la defensa también solicitó que Pino pueda recuperar su libertad, argumentando que no registra antecedentes penales.
Luego de escuchar las exposiciones, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio. Ahora deberá analizar los planteos y resolver durante la próxima semana.
Las alternativas que analiza el Tribunal
A partir de la audiencia quedaron planteados tres posibles escenarios: que se confirme la condena de cuatro años, que se haga lugar al pedido de absolución o que se retire el agravante y la pena quede establecida en tres años.
En este último supuesto, la defensa sostuvo que, debido a que Pino no tendría antecedentes y considerando su estado de salud, la pena podría ser de cumplimiento condicional, lo que permitiría disponer su libertad.
Cómo comenzó la investigación
La investigación se inició a partir de tres reportes enviados por NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), una organización que recibe denuncias vinculadas con material de explotación sexual infantil compartido a través de plataformas digitales.
Los informes, correspondientes a 2021, 2022 y 2025, señalaban que desde cuentas vinculadas al acusado se habrían enviado hasta 11 videos que contenían representaciones de actos sexuales con menores de edad.
Los reportes fueron recibidos inicialmente por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posteriormente remitidos a San Juan por cuestiones de competencia.
A partir de esos informes comenzó la investigación local. Según la acusación, Pino utilizaba un grupo de WhatsApp para enviar o solicitar este tipo de material.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figura un mensaje que habría sido escrito por el acusado y que hacía referencia al pedido de ese contenido. La investigación también vinculó esos registros con datos como el correo electrónico utilizado, un número telefónico registrado a nombre de Pino y una dirección IP.
Durante el proceso se realizó además un allanamiento en su domicilio, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una computadora.
De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, en los dispositivos se encontraron más de 800 imágenes vinculadas con pornografía, aunque dentro de ese conjunto también había material correspondiente a personas mayores de edad.
Ahora, el Tribunal de Impugnación deberá resolver los planteos de la defensa y determinar si mantiene la condena, dispone la absolución o modifica el encuadre legal y la pena.
Comentarios