Leonardo Saavedra fue condenado nuevamente por la Justicia Federal de San Juan a 6 años y 6 meses de prisión, luego de que Fiscalía acreditara que, tras recuperar la libertad, volvió a involucrarse en una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.
El Tribunal Oral Criminal Federal, integrado por Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá, también condenó a Carlos Ormeño a 4 años de prisión, como partícipe secundario en la venta de droga dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
Movimientos por $172 millones
Uno de los principales elementos considerados durante el juicio fueron los movimientos registrados en las billeteras virtuales de Saavedra.
El hombre había salido del Penal de Chimbas el 10 de febrero de 2025. Luego, entre esa fecha y el 19 de septiembre del mismo año, los investigadores detectaron cobros por $89 millones y pagos por otros $83 millones, lo que representó un movimiento total de $172 millones.
Según la acusación fiscal, cerca de la mitad de ese flujo de dinero estuvo relacionado con cinco personas vinculadas y condenadas previamente por la comercialización de estupefacientes.
El fiscal Fernando Alcaraz también expuso que, a fines de 2024, mientras Saavedra estaba detenido, contaba con apenas $16.000 en su cuenta bancaria. Para el cierre de 2025, su saldo había aumentado a aproximadamente $3,3 millones, además de registrar vehículos y otros bienes a su nombre.
Una estructura que operaba dentro y fuera del Penal
Para Fiscalía, Saavedra ocupaba un lugar central dentro de la organización: conseguía la droga, la distribuía entre los distintos integrantes y posteriormente cobraba por las ventas.
La investigación había comenzado el 20 de febrero de 2025, aunque Saavedra quedó bajo la mira de los investigadores recién entre julio y agosto. El 19 de septiembre se realizaron múltiples allanamientos y la mayoría de los integrantes fueron detenidos. Saavedra se entregó posteriormente, el 10 de octubre, sin su teléfono celular.
La organización tenía además una estructura que permitía el ingreso y comercialización de droga dentro del Servicio Penitenciario.
Antecedentes y nueva condena
Saavedra ya había sido condenado en 2017 a cuatro años de prisión por comercialización de estupefacientes. Tras recuperar la libertad, volvió a ser detenido en 2021 por vender droga bajo la modalidad de delivery y recibió otros tres años mediante un juicio abreviado.
Mientras cumplía esa pena, no regresó de una salida transitoria y posteriormente recibió otros ocho meses por tenencia ilegal de un arma de fuego. Esas sanciones fueron acumuladas y finalmente recuperó la libertad en febrero de 2025.
Según la investigación, su pareja, Tania Rojas, también formaba parte de la estructura y fue condenada a cinco años de prisión, aunque cumple la pena bajo modalidad domiciliaria debido a su embarazo.
Su cuñada, Rocío Rojas, fue señalada como la encargada de ingresar droga al Penal y recibió seis años de prisión, también bajo modalidad domiciliaria por tener una hija menor de edad. Rocío Rojas es pareja de Carlos Ormeño, quien fue condenado a cuatro años por la venta de estupefacientes dentro de la cárcel.
Otros integrantes condenados
La investigación alcanzó a numerosos integrantes de la organización, varios de los cuales habían recibido condenas mediante juicios abreviados.
Entre ellos se encuentra Sebastián Humberto Tobal, condenado a seis años de prisión. El hombre ya cumple una pena de 20 años por el homicidio de Ángel “Huevito” Amado, ocurrido en 2015. Durante la investigación por drogas, le encontraron pastillas en su celda.
También recibió seis años María Fernanda Ormeño, familiar de Carlos Ormeño y pareja de Tobal. Fue acusada de ingresar droga al Penal y durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron 425 gramos de marihuana, una pistola calibre 9 milímetros, pastillas y nueve teléfonos celulares. Por tener hijos menores de edad, cumple prisión domiciliaria.
Por su parte, Martín Chávez Ganga recibió cuatro años de prisión, que al unificarse con una condena anterior elevaron su pena total a seis años.
Además, Cristian Latorre fue condenado a cuatro años, Leonardo Arias recibió tres años y Ricardo Morales fue condenado a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional.
En la misma causa, Franco Escoda recibió una pena de cuatro años y cuatro meses.
Una absolución por el beneficio de la duda
Durante el debate también fue juzgada Sonia Ontiveros, quien había sido acusada de facilitar sus billeteras virtuales a su hijo Franco Escoda y a su nuera, actualmente prófuga.
Sin embargo, el Tribunal decidió absolverla por el beneficio de la duda.
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