La muerte de Daniel Alberto “Pichi” Paredes, ocurrida el pasado 22 de abril mientras se encontraba detenido en la Comisaría 12ª de Valle Fértil, volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que la querella rechazara el archivo dispuesto por la Fiscalía.
El fiscal Francisco Pizarro resolvió cerrar la investigación al considerar que no existió delito y que Paredes murió como consecuencia de un suicidio por ahorcamiento autoinfligido.
La familia, representada por los abogados Marcelo Sandez y Néstor Olivera, cuestionó la decisión y presentó un recurso de revisión. La querella sostiene que los policías que estaban a cargo de la custodia podrían haber incumplido deberes esenciales y omitido protocolos de seguridad.
Qué sostiene la fiscalía
De acuerdo con la resolución fiscal, las distintas pericias realizadas durante la investigación respaldan la hipótesis del suicidio.
La autopsia, realizada bajo el Protocolo de Minnesota, estableció como causa de muerte una asfixia mecánica por ahorcamiento autoinfligido y no detectó signos de violencia externa.
Además, el examen toxicológico determinó que Paredes tenía 2,67 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de su muerte. La autopsia psicológica, por su parte, describió un cuadro de vulnerabilidad y rasgos depresivos.
Pizarro también sostuvo que los policías Jorge García y David Romero realizaron tres rondas de control durante los aproximadamente 70 minutos que duró la detención.
Según la resolución, los efectivos le retiraron los cordones y decidieron mantenerle puesta la camisa debido a las bajas temperaturas, una prenda que posteriormente habría utilizado para concretar el ahorcamiento.
Para el fiscal, la ausencia del examen médico de ingreso no habría modificado el desenlace.
La querella cuestiona los controles
La familia sostiene una postura completamente diferente.
La querella afirma que no existen registros que permitan acreditar controles efectivos entre las 23:55 y las 00:01, período en el que se habría producido la muerte.
Los abogados también remarcaron que el Estado tiene una obligación reforzada de cuidado respecto de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Olivera cuestionó además que no se haya realizado el examen médico de ingreso contemplado por el Protocolo de Minnesota y sostuvo que el nivel de alcohol detectado en sangre obligaba a extremar las medidas de vigilancia.
En ese sentido, la querella invocó también el artículo 34 de la Ley 1851-O, al considerar que el Ministerio Público Fiscal no puede dejar de impulsar una investigación cuando existen sospechas vinculadas con funcionarios que se encontraban ejerciendo sus funciones.
Habían pedido nuevas medidas
Antes de que la fiscalía dispusiera el archivo, los representantes de la familia habían solicitado una serie de medidas para profundizar la investigación.
Entre ellas se encontraban la exhumación del cuerpo, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías, la realización de pruebas de ADN y la detención de García y Romero.
Sin embargo, esas medidas fueron rechazadas por la fiscalía, que las consideró improcedentes.
Ahora, el recurso presentado por la familia deberá ser analizado por un fiscal de jerarquía superior, quien tendrá que determinar si revoca el archivo y dispone nuevas medidas e imputaciones o si confirma el cierre de la causa.
En caso de que el archivo sea ratificado, la querella ya anticipó que podría recurrir a una acción penal privada, una alternativa que le permitiría continuar impulsando el proceso por su cuenta en busca de esclarecer qué ocurrió dentro de la celda de la Comisaría 12ª.
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