La investigación contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la “Viuda Negra”, sumó nuevos elementos durante una audiencia de cuatro horas realizada este viernes y amplió el alcance de la causa. El expediente contempla actualmente siete personas damnificadas y 11 imputados.
La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón. Por parte del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal Eduardo Gallastegui y la fiscal Milena Berbari, quienes expusieron la hipótesis investigativa y atribuyeron presuntas maniobras de estafa a Godoy y a los demás involucrados.
La investigación tiene como eje principal el presunto aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de adultos mayores que se encontraban solos, padecían enfermedades o tenían escaso contacto con familiares.
Créditos y cuentas bancarias
Según la hipótesis fiscal, Godoy habría establecido vínculos con algunas de las víctimas y obtenido documentación personal, información bancaria y, en determinados casos, acceso a teléfonos celulares y servicios de home banking.
Con esos datos, se habrían gestionado créditos y préstamos bancarios, mutuales y comerciales a nombre de los adultos mayores. Una vez acreditados los fondos, parte del dinero habría sido transferida a cuentas pertenecientes a personas vinculadas con el entorno investigado.
La Fiscalía también analiza información tecnológica, como direcciones IP, teléfonos, correos electrónicos y dispositivos utilizados durante las operaciones, con el objetivo de determinar quién habría intervenido en cada maniobra.
Uno de los casos mencionados durante la audiencia corresponde a un jubilado ciego y exmédico, cuyo nombre habría sido utilizado para distintas operaciones crediticias. Entre ellas figura un préstamo cercano a los $50 millones.
Adultos mayores en situación de vulnerabilidad
El expediente reúne distintos casos en los que aparecen jubilados viudos, personas que vivían solas y adultos mayores con discapacidades o enfermedades.
Uno de los hombres investigados fue localizado en una vivienda del barrio Córdoba después de haber permanecido desaparecido. De acuerdo con lo expuesto durante la investigación, habría sido encontrado en condiciones de salud y habitabilidad consideradas extremadamente precarias y manifestó que había permanecido encerrado y que nunca había solicitado los créditos registrados a su nombre.
Ante la situación de dos de los adultos mayores involucrados, la Fiscalía dio intervención al área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.
También investigan operaciones sobre inmuebles
La pesquisa analiza además posibles operaciones realizadas sobre propiedades de las víctimas.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, mediante una escribanía se habrían obtenido poderes con amplias facultades para disponer de bienes, incluidos inmuebles que posteriormente podrían haber sido vendidos o donados.
Uno de los casos bajo análisis corresponde a un hombre que murió el 3 de abril de 2021 y que tenía una propiedad ubicada en calle Catamarca.
Según la investigación, antes de su fallecimiento se habría constituido, mediante un poder otorgado en la misma escribanía, un usufructo vitalicio a favor de Godoy.
Semanas después de su muerte, el 26 de abril, se habrían realizado operaciones relacionadas con tres propiedades que pertenecían al hombre: una ubicada en Capital, otra en Rawson y una tercera en Caucete.
La Fiscalía busca establecer si esas operaciones podían realizarse mediante el poder utilizado y también analiza la actuación del escribano que intervino.
Las circunstancias vinculadas con el fallecimiento también forman parte de la investigación. Según lo expuesto en la audiencia, el hombre había ingresado previamente a un geriátrico en circunstancias que son analizadas por la Justicia.
Siguen el recorrido del dinero
Los movimientos bancarios constituyen otro de los principales elementos de la investigación.
La Fiscalía reconstruyó operaciones en las que los créditos ingresaban inicialmente en cuentas de las víctimas y posteriormente eran transferidos a otras cuentas vinculadas con personas investigadas.
En uno de los casos, parte de un préstamo habría terminado en una cuenta perteneciente a Miguel Ángel López, desde la cual se detectaron nuevas transferencias hacia otras personas relacionadas con el expediente.
También fueron analizados movimientos correspondientes a haberes jubilatorios que posteriormente habrían sido enviados a terceros.
La investigación incluyó además el análisis de compras realizadas mediante aplicaciones de delivery, cuyos pedidos fueron enviados a domicilios que posteriormente fueron allanados.
Los 11 imputados
Durante la audiencia fueron mencionados como imputados Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Rocío Solar, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez, Sofía Aguilera y Carina Fernanda Godoy, además de otro imputado cuya identidad no fue precisada en la información difundida.
La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían tenido diferentes grados de participación en las maniobras investigadas, desde la recepción y transferencia de fondos hasta la intervención en operaciones financieras o el uso de determinados dispositivos y domicilios.
Ahora, la Justicia deberá determinar qué participación concreta tuvo cada uno de los 11 imputados, cuánto dinero habría sido obtenido y qué bienes pudieron haber sido transferidos.
Las acusaciones expuestas durante la audiencia corresponden a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser acreditadas durante el avance del proceso judicial.
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