La UFI Delitos Especiales notificó este jueves a distintas personas que podrían quedar vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum.
Las comunicaciones fueron realizadas durante la mañana y alcanzaron al exgobernador y actual senador Sergio Uñac; a Julio Ortiz Andino, quien fue ministro de Obras y Servicios Públicos entre 2015 y 2023; a Sergio Ruiz y Cristian Andino, ambos vinculados a la conducción de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante la gestión anterior; y a un inspector de apellido Sánchez.
La medida se encuentra contemplada dentro de la etapa de investigación previa a la formalización y tiene como objetivo comunicar a las personas individualizadas que existe una investigación en curso y cuáles son los derechos que les asisten.
Qué implica la notificación
La comunicación no constituye una imputación formal ni determina responsabilidad penal. Se trata de una instancia procesal que permite que quienes fueron individualizados conozcan la existencia de la investigación y puedan ejercer sus derechos.
El artículo 338 del Código Procesal Penal de San Juan contempla que, cuando el posible autor de un hecho delictivo se encuentra individualizado, el Ministerio Público Fiscal debe comunicarle la existencia de la investigación y hacerle saber los derechos que establece el Código.
Entre ellos se encuentra la posibilidad de designar un abogado particular o solicitar la intervención de un defensor público para el control judicial previo a una eventual formalización de la Investigación Penal Preparatoria. También pueden solicitar información al fiscal sobre los hechos investigados y las diligencias realizadas o pendientes.
La posibilidad de avanzar con este tipo de notificaciones había comenzado a tomar fuerza días atrás, luego de que el abogado Nasser Uzair se presentara ante la UFI Delitos Especiales como representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
El profesional había solicitado acceder al expediente y realizar distintas medidas de prueba. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados debido a que, en ese momento, Ruiz y Sirerol no habían sido notificados como personas investigadas ni revestían el carácter de parte dentro del expediente.
Con las nuevas notificaciones, la situación procesal cambia para las personas alcanzadas por la medida, ya que pasan a conocer formalmente la existencia de la investigación y los derechos que pueden ejercer durante esta etapa.
La causa se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, luego de publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades vinculadas con la megaobra.
La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que llevó adelante distintas medidas de prueba. Posteriormente, la jueza de Garantías Mónica Lucero autorizó una extensión del plazo de investigación preliminar.
En septiembre, la Justicia realizó además tres allanamientos vinculados a Krah, empresa proveedora de las cañerías utilizadas en el Acueducto Gran Tulum. Uno de los procedimientos se concretó en oficinas de la firma en Capital y otros dos en su planta ubicada en Albardón. Durante los operativos fueron secuestrados documentación y elementos informáticos para su posterior análisis.
Entre los aspectos que analiza la investigación se encuentran las condiciones y características de los materiales utilizados en la obra, además de posibles irregularidades en los procesos de contratación y eventuales sobreprecios. Hasta el momento, no existe una condena ni una imputación formal contra las personas notificadas.
Qué puede pasar ahora
La prórroga otorgada para profundizar la investigación vence durante los primeros días de noviembre. Para entonces, la Fiscalía deberá definir cómo continúa el expediente.
Entre las alternativas se encuentra avanzar hacia la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, disponer el archivo o desestimar la denuncia, según los elementos reunidos durante la etapa preliminar.
La denuncia original plantea como hipótesis la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público.
Se trata de hipótesis que deberán ser determinadas a partir de las pruebas incorporadas al expediente y que, por el momento, no implican una imputación formal ni una determinación de responsabilidad penal para las personas notificadas.
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