La Justicia de San Juan anuló la suspensión que el Concejo Deliberante de Angaco había impuesto al concejal Andrés Olivera, dirigente oficialista provincial y opositor al intendente José Castro.
La resolución fue dictada el pasado 31 de julio por la jueza del fuero Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, y notificada el 4 de agosto. En el fallo, la magistrada hizo lugar al amparo presentado por Olivera y declaró la nulidad de la Resolución Nº 822-HCD-2024, mediante la cual el cuerpo deliberativo había dispuesto su suspensión.
El concejal había sido suspendido en octubre de 2024 por cuatro sesiones, prácticamente durante un mes, sin goce de haberes, aunque con excepciones vinculadas a prestaciones alimentarias a favor de hijos menores y salario familiar.
El principal argumento de la Justicia fue que el Concejo no le permitió a Olivera ejercer adecuadamente su derecho de defensa antes de aplicar la sanción.
Según sostuvo Tettamanti, el edil debía haber tenido la posibilidad de ser escuchado, presentar su descargo y ofrecer pruebas antes de que se tomara una decisión, especialmente teniendo en cuenta que la sanción implicaba además la pérdida de sus haberes.
El concejo apeló y sostiene que la suspensión fue correcta
El fallo, sin embargo, no cerró la disputa.
El mismo 4 de agosto, el presidente del Concejo Deliberante, Alberto de los Ríos, y el concejal Roberto López, a través del abogado del cuerpo, Leonel García, presentaron una apelación.
El recurso fue concedido al día siguiente sin efectos suspensivos.
Entre los argumentos planteados, el Concejo sostiene que la sentencia realizó una interpretación incorrecta de la Ley 430-P, correspondiente a la Ley Orgánica de los Municipios, y que desconoció las facultades institucionales y disciplinarias del cuerpo deliberativo.
También cuestionaron la valoración realizada sobre el procedimiento y las pruebas incorporadas al expediente.
Por ese motivo, solicitaron a la Cámara Civil que revoque la sentencia y rechace el amparo presentado por Olivera.
La pelea por los haberes
La suspensión había implicado el descuento de aproximadamente 1.500.000 pesos de los haberes del concejal.
Sin embargo, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar, ese dinero fue restituido.
El Concejo Deliberante incluso había solicitado judicialmente que Olivera devolviera las sumas que había percibido como consecuencia de esa medida. Ese planteo fue rechazado por la jueza Tettamanti.
Ahora, si la nueva resolución fuera revocada y la sanción quedara firme, el cuerpo deliberativo sostiene que el concejal debería reintegrar ese dinero.
Un concejo dividido y con causas judiciales
El conflicto por la suspensión se desarrolla en un Concejo Deliberante atravesado por una fuerte división entre el oficialismo y la oposición.
Además del expediente administrativo por la sanción a Olivera, existe una causa penal en la que están siendo investigados los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por presunto abuso de autoridad y encubrimiento.
En ese mismo expediente también está involucrado el intendente José Castro, investigado por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación surgió a partir de un acuerdo impulsado por el Ejecutivo municipal y el Concejo para que Castro pudiera avanzar en una salida de la causa en la que está procesado por el presunto uso de maquinaria y personal municipal de Angaco para realizar trabajos en un terreno privado de Chimbas.
Cuando ese acuerdo fue tratado por el Concejo, Olivera se opuso fuertemente, mientras que la quinta concejal, Gloria Herrera, se abstuvo de votar.
Desde entonces, la división interna del cuerpo deliberativo quedó expuesta y se mantiene hasta la actualidad.
También denunció al intendente por amenazas
En medio de esta disputa, Olivera también denunció al intendente José Castro luego de una audiencia judicial.
El concejal aseguró haber sido amenazado y realizó una exposición en la Comisaría 20ª de Angaco. Según fuentes oficiales, el hecho derivó en una investigación preliminar.
Mientras tanto, la disputa por la suspensión continúa ahora en una instancia superior, luego de que el Concejo apelara la decisión que declaró nula la sanción contra Olivera.
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