En medio de la conmoción social generada por el femicidio de Agostina en Córdoba, diputados nacionales de la oposición lograron este miércoles emitir dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra mujeres y diversidades.
La iniciativa fue debatida en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Estévez, y consiguió 16 firmas. El proyecto no contó con el acompañamiento de los representantes de La Libertad Avanza.
La propuesta establece la declaración de la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género por el término de dos años, con posibilidad de prórroga por el mismo plazo. El objetivo central es prevenir y reducir los índices de violencia machista en el país.
Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand sostuvo que la problemática sigue siendo “una emergencia real” y lamentó tener que pedir “que nos dejen de matar”.
“Me resisto a naturalizar que todos los días se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades”, expresó.
Además, remarcó que las estadísticas justifican plenamente la declaración de emergencia y advirtió que cualquier legislación resulta insuficiente sin “decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos”.
Según detalló, durante 2024 se registraron 147 femicidios, mientras que en 2025 la cifra habría oscilado entre 200 y 271 casos. También señaló que en lo que va de 2026 ya se contabilizan entre 95 y 105 víctimas fatales.
Por su parte, el diputado Esteban Paulón cuestionó al Poder Ejecutivo por el desmantelamiento de políticas de género y de protección a las víctimas.
“Nos encontramos ante un sistema que sigue brindando impunidad y las condiciones para que esto suceda”, advirtió.
El legislador también alertó sobre el “desfinanciamiento” y el “negacionismo” oficial en torno a las políticas de prevención de la violencia de género.
En tanto, Myriam Bregman adelantó el respaldo de su bloque al dictamen mayoritario, aunque con disidencias parciales, y remarcó la necesidad de contar con presupuesto real para garantizar medidas efectivas.
Desde La Libertad Avanza, la diputada María Gabriela Flores cuestionó la forma en que se impulsó el proyecto y consideró que tiene un carácter “efectista y oportunista”.
“No negamos la violencia contra las mujeres. Lo que cuestionamos es que las políticas públicas aplicadas hasta 2023 hayan dado resultados efectivos en la baja de femicidios”, sostuvo.
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