La causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras el hallazgo de borradores de un supuesto “acuerdo confidencial” entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis.
Los documentos fueron detectados por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, en dispositivos electrónicos secuestrados a Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en el expediente.
Según el informe técnico judicial, se encontraron varias versiones preliminares del presunto pacto fechadas el 30 de enero de 2025, es decir, 15 días antes del lanzamiento del token $LIBRA, posteriormente investigado por fraude.
De acuerdo con la investigación, Novelli habría actuado como nexo entre Milei, Davis y otros involucrados en la operatoria. En las pericias también aparecen comunicaciones entre el empresario y Karina Milei, además de otros operadores del caso.
La fecha de los borradores coincide con una reunión que el mandatario mantuvo en la Casa Rosada con Davis, así como con registros de transferencias millonarias hacia cuentas vinculadas a Novelli y otros implicados, incorporados al expediente por el fiscal federal Eduardo Taiano.
Tras el hallazgo, Taiano solicitó formalmente a la Secretaría General de la Presidencia que informe si existe oficialmente un acuerdo confidencial o copias del mismo, con el objetivo de avanzar en la determinación de responsabilidades.
Hasta el momento, tanto Milei como sus colaboradores negaron públicamente la existencia de un convenio de estas características vinculado a $LIBRA. No obstante, la aparición de estos borradores agrega un nuevo elemento a la investigación judicial en curso.
En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) reclamó avances en la causa y planteó la posibilidad de que el presidente sea convocado a declarar en calidad de imputado si se confirma la autenticidad del supuesto pacto, al considerar que podría encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La causa continúa bajo análisis en la Justicia federal.
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