Un motociclista que sufrió un grave accidente tras chocar con una perra galga obtuvo un fallo judicial favorable: la Justicia condenó al dueño del animal a pagarle una indemnización superior a los 6 millones de pesos por las lesiones sufridas.
El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2021, alrededor de las 8 de la mañana, sobre Calle 3, antes de San Isidro, en el departamento 25 de Mayo. Rubén Martínez se dirigía en su motocicleta a una ferretería cuando, al pasar frente a una finca, una perra se cruzó de manera repentina en la calzada e intentó morderle la pierna.
De acuerdo a la pericia accidentológica, el motociclista intentó esquivar al animal, pero terminó chocándolo y cayó violentamente al asfalto. Como consecuencia, sufrió múltiples golpes en el pie y el tobillo, incluida una fractura en el talón derecho, lesiones que luego fueron acreditadas mediante informes médicos en el juicio.
La perra pertenecía a Julio César Caballero, dueño de la finca desde donde salió el animal, quien reconoció la propiedad del can. Sin embargo, durante el proceso judicial, el demandado intentó desligarse de responsabilidad y presentó testigos que aseguraron que la perra habría sido hallada muerta antes del accidente.
No obstante, la jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo, desestimó esos testimonios al considerar que se trataba de personas dependientes del demandado y que sus declaraciones carecían de valor probatorio. En contraposición, la magistrada dio mayor peso a los testigos presentados por el motociclista, quienes afirmaron que la perra solía salir a la calle con frecuencia y generaba temor entre los transeúntes, en una zona utilizada como paso hacia un establecimiento escolar.
En su resolución de primera instancia, la jueza concluyó que el damnificado logró acreditar el hecho, el daño y la relación de causalidad, mientras que el dueño del animal no consiguió desvirtuar la presunción de responsabilidad objetiva que establece la ley para estos casos.
Al cuantificar la indemnización, Tettamanti tuvo en cuenta una incapacidad física del 37%, por lo que fijó $5.327.717 en ese concepto. Además, otorgó $50.000 por gastos de traslado, $150.000 por gastos médicos y $500.000 por daño moral, lo que totaliza $6.027.717.
La magistrada ordenó que todos los montos sean actualizados con intereses a tasa activa del Banco Nación desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago, por lo que la cifra final podría incrementarse considerablemente. El fallo aún no está firme y el condenado puede apelar la sentencia ante la Cámara Civil.
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