Cuatro concejales de la oposición en Caucete —Ramiro Fernández, Franco Buffagni, Pedro Gómez y Emanuel Castro— presentaron una nota de “suma gravedad” ante el Tribunal de Cuentas de San Juan para alertar sobre una deuda millonaria que la municipalidad mantiene con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (Decsa).
El reclamo se centra en una deuda que ronda los $565 millones, generada entre diciembre de 2022 y enero de 2025, monto confirmado por una Resolución del EPRE, el ente regulador eléctrico provincial. Sin embargo, la intendenta Romina Rosas niega la cifra y denuncia sobrefacturación, asegurando que Decsa le cobra hasta tres veces más de lo realmente consumido.
Para los concejales, el asunto pone en riesgo el patrimonio y las finanzas públicas de Caucete. “Esta deuda no es de Romina Rosas con Decsa, es de todos los cauceteros”, advirtió Emanuel Castro, quien anticipó que pedirán explicaciones sobre cómo se acumuló y qué pagos se hicieron.
El conflicto se agrava con acusaciones cruzadas: Rosas cita auditorías que señalan mediciones infladas y pagos no computados, mientras que el EPRE desestimó informes de ambas partes y fijó el monto aplicando el principio de “indubio pro usuario” (a favor del municipio).
La intendenta anunció que acudirá a la Justicia para que se “revea” la deuda, decisión que desde la oposición calificaron como una estrategia para patear el problema y ocultar responsabilidades.
Con la intervención del Tribunal de Cuentas, ahora se abre una investigación que podría determinar responsabilidades políticas, administrativas y legales en un tema que sacude la estabilidad económica de uno de los municipios más importantes del Este sanjuanino.
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