Valeria Ríos y José Luis Fernández fueron sancionados por siete días tras levantarse de una sesión extraordinaria y dejar sin quórum al Concejo Deliberante.
La sanción se originó por un episodio ocurrido el 2 de febrero pasado, cuando ambos ediles abandonaron una sesión extraordinaria convocada por el presidente del cuerpo, Lucas Gómez, para debatir sobre una presentación judicial que los propios concejales habían realizado contra su reelección al frente del Concejo.
La mayoría de los integrantes del cuerpo consideró que esa conducta constituyó una falta reglamentaria grave, por lo que resolvieron aplicar una suspensión de siete días.
La medida se apoyó en distintos artículos de la Ley 430-P y del Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Entre ellos, el artículo 28 establece la obligación de los ediles de asistir y cumplir sus funciones, mientras que el artículo 17 del reglamento considera falta grave abandonar una sesión y dejar sin quórum al cuerpo.
Además, los artículos 112, 113 y 114 contemplan suspensiones de hasta 15 días y descuentos salariales ante conductas que afecten el funcionamiento institucional.
Una interna política que viene desde 2025
Detrás del conflicto existe una fuerte disputa política que se arrastra desde fines del año pasado.
Lucas Gómez llegó al Concejo por el mismo espacio político que el intendente Alfredo Castro, aunque posteriormente comenzó a mostrar cercanía con La Libertad Avanza.
En diciembre, Gómez logró ser reelegido como presidente del Concejo gracias al respaldo de tres concejales peronistas, una decisión que generó malestar dentro del oficialismo municipal.
La disputa luego pasó al ámbito judicial. Primero fue el propio Castro quien intentó cuestionar la reelección de Gómez, aunque su planteo fue rechazado. Más tarde, Ríos presentó una acción similar, que también fue desestimada por la jueza Amanda Díaz.
La magistrada entendió que la concejal pretendía impugnar una decisión tomada por el mismo cuerpo legislativo del que forma parte.
Además, el fallo dispuso que cada parte asumiera los gastos de sus abogados, por lo que los honorarios de la representación legal del Concejo Deliberante deberán abonarse con fondos municipales.
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