El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
El cambio central de la reforma a la Ley de Glaciares radica en la transferencia de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción podrá definir sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares quedarán bajo protección.
Esto implica una modificación relevante respecto del esquema original sancionado en 2010, que establecía una protección más estricta al considerar a los glaciares como bienes públicos estratégicos. Con la nueva normativa, aquellas zonas que no sean incluidas en los criterios provinciales podrían quedar fuera del alcance específico de la ley.
Debate político y mirada productiva
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza junto a bloques aliados, en una votación que evidenció una fuerte división en el Congreso.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, defendió el proyecto y destacó la realización de una audiencia pública “histórica” llevada a cabo entre el 25 y el 26 de marzo, en la que participaron cientos de expositores.
Sin embargo, sectores opositores cuestionaron el proceso y advirtieron sobre una posible judicialización de la norma, al considerar que la reforma flexibiliza las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas en zonas sensibles.
Impacto en provincias mineras
El nuevo esquema tiene especial impacto en provincias con fuerte actividad minera, como San Juan, donde el desarrollo de recursos naturales es uno de los pilares económicos.
Con esta modificación, los gobiernos provinciales tendrán mayor margen para compatibilizar la protección ambiental con proyectos productivos, lo que abre un nuevo escenario tanto en términos de inversiones como de debates ambientales.
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