El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, planteó este miércoles la posibilidad de abrir un debate en el Congreso sobre una eventual nulidad o modificación del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires.
Pichetto realizó estas declaraciones durante una reunión de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado camporista Horacio Pietragalla, al cumplirse un año desde la detención domiciliaria de la ex mandataria.
En su exposición, el legislador sostuvo que el Congreso cuenta con “facultades inherentes” para intervenir ante situaciones de “gravedad institucional”.
“Hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte”, expresó.
Además, señaló que su intención es abrir “un análisis y un debate más profundo” sobre las atribuciones del Poder Legislativo frente a este tipo de situaciones y puso como ejemplo una legislación aprobada en Brasil vinculada a la reducción de condenas.
Pichetto afirmó que siempre consideró grave institucionalmente que una ex presidenta y ex vicepresidenta se encuentre detenida y cuestionó distintos aspectos del proceso judicial que derivó en la condena.
Según manifestó, existieron irregularidades vinculadas a la integración del tribunal, la actuación del fiscal Diego Luciani y la negativa a habilitar determinadas instancias recursivas.
“El debido proceso estuvo alterado desde el inicio”, aseguró.
También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema al recordar que el espacio político liderado por Cristina Kirchner había impulsado anteriormente un juicio político contra integrantes del máximo tribunal.
En ese sentido, sostuvo que los magistrados deberían haberse apartado y conformado un tribunal ad hoc para garantizar imparcialidad.
“Está en duda el factor de imparcialidad”, indicó.
Finalmente, Pichetto remarcó que, a su entender, hubo una “enorme lesión al derecho de defensa” y cuestionó que la causa no haya contado con “el juez natural desde el inicio” ni con “el fiscal natural correspondiente a la jurisdicción”.
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