La Argentina solicitó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que se frene el avance de la explotación petrolera del Reino Unido en el área marítima de las Islas Malvinas.
La delegación nacional pidió medidas provisionales mientras continúa el arbitraje internacional. El objetivo es evitar daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino, además de cuestionar las actividades británicas en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
El proyecto petrolero en disputa
La presentación argentina apuntó principalmente al proyecto Sea Lion, que contempla una explotación de hidrocarburos durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo.
El Gobierno advirtió que el Reino Unido pretende avanzar sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
En su exposición, recordó que desde 1965 las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia entre ambos países y promueven una solución mediante negociaciones pacíficas. También citó la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a evitar decisiones unilaterales mientras continúe abierto el proceso de negociación.
Advertencia por posibles daños ambientales
Durante la audiencia, Mario Oyarzábal sostuvo que los daños podrían ser irreversibles debido a que los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción no puede revertirse.
La delegación también alertó sobre los riesgos de un eventual derrame petrolero. Según expuso, el plan de contingencia de una de las compañías involucradas contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Cómo continúa el reclamo
La representación británica expondrá sus argumentos durante la jornada de este martes. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con una segunda y última ronda de intervenciones de ambos países.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzábal Murphy, Mario Oyarzábal y la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La defensa jurídica está a cargo de Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
El planteo busca frenar las actividades petroleras mientras se desarrolla el proceso internacional y mantener vigente el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
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