El Ministerio Público Fiscal de San Juan continúa avanzando en la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes proyectadas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac y que nunca llegó a finalizarse.
En ese contexto, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro solicitarán extender la investigación por otros 90 días hábiles, argumentando la complejidad de la causa y la necesidad de seguir recolectando documentación y produciendo pruebas.
La obra fue financiada en dos tramos: un 50% mediante préstamos internacionales provenientes de Kuwait y Australia, mientras que el otro 50% fue cubierto con fondos nacionales. Según se investiga, pese a los millonarios desembolsos realizados, el proyecto nunca se concluyó y dejó una deuda estimada en 200 millones de dólares.
Una de las principales líneas investigativas apunta a la licitación adjudicada en 2018 a la empresa Krah América Latina S.A., representada por Gustavo Monti, para la provisión de tuberías. De acuerdo a la causa, se habrían pagado al menos 1.300 millones de pesos por los caños utilizados en la obra.
La Justicia también analiza si las tuberías instaladas eran aptas para el transporte de agua potable. Según trascendió en la investigación, existirían sospechas de que los materiales utilizados no cumplían con las condiciones necesarias para consumo humano y podrían haber contenido componentes potencialmente tóxicos.
Además, en el expediente aparecen presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL, mientras se intenta determinar el rol que habría tenido Gustavo Monti como supuesto intermediario local de la firma alemana.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025. Allí se solicitó investigar posibles maniobras de malversación de fondos, irregularidades en la licitación y la calidad de los materiales utilizados.
En febrero de 2026, el Gobierno de San Juan se constituyó como querellante en la causa. Desde la gestión encabezada por el gobernador Marcelo Orrego estiman que solamente los 10 kilómetros de caños que debieron retirarse representaron una pérdida cercana a los 50 millones de dólares.
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