Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz declaró este martes el estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara una norma que habilita una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno frente a la ola de protestas y bloqueos que afecta al país.
La decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados avanzara con la derogación de la Ley 1341, una normativa impulsada durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) que imponía límites al uso de mecanismos excepcionales por parte del Ejecutivo.
La votación fue aprobada por más de dos tercios y se realizó de manera virtual, en medio de un fuerte clima de confrontación política.
Con la eliminación de esa ley, el Gobierno quedó con mayores facultades para actuar ante situaciones de crisis sin necesidad de controles legislativos inmediatos. Además, la normativa derogada establecía restricciones específicas sobre la participación militar en disturbios y conflictos civiles.
Tras la sesión parlamentaria, el diputado opositor Rafael López, referente del espacio Libre, resumió el nuevo escenario político con una frase contundente: “Ahora la decisión es del presidente”.
Las protestas sociales ya llevan cuatro semanas consecutivas y mantienen en vilo a distintas regiones bolivianas. Los reclamos son encabezados por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y sectores vecinales que cuestionan las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Paz.
Entre las principales demandas aparecen pedidos de recomposición salarial y denuncias vinculadas a la distribución de combustible de baja calidad, que según los manifestantes habría provocado daños en miles de vehículos.
En los últimos días, los cortes de rutas y las movilizaciones se intensificaron, generando serios inconvenientes en el abastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en La Paz y otras ciudades importantes del país.
Hasta ahora, Rodrigo Paz había insistido públicamente en priorizar el diálogo como salida al conflicto. Sin embargo, el agravamiento de la crisis y la presión de distintos sectores políticos aceleraron la decisión de avanzar con el estado de excepción.
En paralelo, Estados Unidos manifestó preocupación por la situación boliviana. A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado aseguró que sigue de cerca los acontecimientos y advirtió sobre posibles maniobras destinadas a desestabilizar al gobierno.
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