Tras el anuncio del Gobierno nacional de enviar al Congreso la Ley Penal Juvenil para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias, la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, defendió la necesidad de avanzar con una reforma integral del régimen y respaldó el debate parlamentario.
“Esta ley no soluciona todo el problema, pero en conjunto con políticas públicas de Estado va a tender a mejorarlo”, expresó Picón en diálogo con el programa San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1. La legisladora explicó que su proyecto original proponía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años para delitos graves, una postura que también había sido impulsada en su momento por la actual senadora nacional Patricia Bullrich.
Sin embargo, durante el tratamiento en comisión, el texto fue modificado para lograr los consensos necesarios. “Coincidíamos en la baja a los 13 años, pero para lograr las firmas se consensuó subir la edad a 14 e incorporar delitos menores con otro tipo de penas”, detalló. Ese dictamen se alcanzó antes del cierre del período ordinario, aunque luego perdió estado parlamentario y deberá ser nuevamente debatido con la nueva conformación del Congreso.
Picón remarcó que los hechos de inseguridad protagonizados por menores evidencian la urgencia de una reforma. “La vida nos está mostrando los hechos. Si ya tuviéramos una ley que aborde estos casos, cuántas vidas se podrían haber salvado”, sostuvo, y cuestionó la falta de respuestas legislativas frente a una problemática creciente.
En cuanto al esquema de sanciones, la diputada explicó que el proyecto diferencia claramente entre delitos menores y delitos graves. Para los primeros, las penas no serían de carácter punitivo tradicional, sino medidas orientadas a la contención y reinserción. “Las penas eran que el chico tenga que estudiar, hacer deporte y asistir a tratamientos de salud mental, y demostrarlo ante un juez”, señaló.
Para los delitos de mayor gravedad, Picón afirmó que debe existir el cumplimiento efectivo de condenas, pero en espacios diferenciados del sistema penitenciario de adultos. En ese sentido, reconoció que la falta de infraestructura adecuada es uno de los principales desafíos. “No se puede mandar a un chico de 14 o 15 años a un pabellón con adultos condenados por delitos graves. Va a haber que generar infraestructura y trabajar con profesionales”, advirtió.
La legisladora destacó además que San Juan cuenta con políticas públicas que podrían acompañar la implementación de una eventual Ley Penal Juvenil. Mencionó programas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y subrayó el fortalecimiento del área de salud mental, con la creación de una Dirección específica dentro del Ministerio de Salud.
“Es la primera vez que el Ministerio de Salud tiene una Dirección de Salud Mental, y eso habla de la importancia que el gobernador Marcelo Orrego le da a este tema”, afirmó. También recordó las obras de remodelación del instituto Nazario Benavídez y otras acciones de contención impulsadas desde la provincia.
Respecto del escenario legislativo, Picón se mostró confiada en que el proyecto pueda reunir los votos necesarios. “Así se hacen las leyes, consensuando. Algunos querían 13, otros 14, otros sumar delitos con penas distintas, y se llegó a un acuerdo”, explicó. Finalmente, sostuvo que el respaldo social será clave para que la iniciativa avance. “Los consensos no solo están en el Congreso, también están dados por la sociedad, que espera respuestas del Estado”, concluyó.
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