En el marco de la visita a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley marco denominado “Defensa de la posición argentina frente a los organismos financieros internacionales y reforma del convenio constitutivo del FMI”.
La iniciativa propone establecer nuevos límites al endeudamiento externo y fortalecer el control del Congreso sobre las operaciones de crédito con organismos internacionales. Entre sus principales objetivos, plantea que ninguna deuda pueda ser contraída por decreto, fijar un techo legal al endeudamiento y solicitar al propio FMI una revisión del excedente de deuda que, según el proyecto, hoy soporta la Argentina.
Desde el entorno del legislador señalaron que la propuesta busca otorgar “orden, previsibilidad y mayor control democrático” sobre la política de endeudamiento. El proyecto cuenta con el respaldo de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
Kirchner sostuvo que es necesario diferenciar la deuda que el país debe afrontar de manera regular del “excedente” generado por decisiones políticas adoptadas fuera de las reglas institucionales. Además, afirmó que el objetivo es construir un esquema de pagos sostenible que acompañe el crecimiento económico sin afectar la distribución del ingreso.
El proyecto también cuestiona el acuerdo firmado con el FMI en 2018, al considerar que no se respetaron procedimientos institucionales y que el organismo no aplicó mecanismos para evitar la fuga de capitales.
La iniciativa se estructura en siete títulos e incorpora principios como la soberanía económica, la sostenibilidad de la deuda, la transparencia y el control democrático. Además, propone que toda operación de crédito con organismos internacionales requiera una ley del Congreso, amplía las facultades de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda y fija un límite de deuda pública externa equivalente al 200% del promedio de las exportaciones de los últimos tres años, salvo excepciones aprobadas por una mayoría especial.
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