Tras más de un año de investigación judicial, los hermanos Martín Esequiel Zapata y Eber Elías Zapata alcanzaron este lunes un acuerdo conciliatorio con una de las damnificadas de la causa por presuntas estafas vinculadas a inversiones financieras.
La audiencia fue encabezada por la jueza de garantías Mabel Moya y contó con la participación del fiscal Guillermo Heredia, la querella y la defensa de los imputados, representada por José Nicolás Carrizo.
El acuerdo homologado establece el pago de 27 millones de pesos en seis cuotas consecutivas de $4.582.500 cada una, que deberán ser depositadas por ambos acusados en la OMA del Poder Judicial.
Según lo establecido, el primer vencimiento será el 10 de julio de 2026 y los pagos continuarán cada 30 días hasta completar la última cuota el 10 de diciembre de este año.
Los hermanos Zapata están acusados de apropiarse de más de 130 mil dólares pertenecientes a distintos clientes mediante supuestas inversiones financieras que prometían ganancias mensuales del 5 por ciento y la posibilidad de retirar el capital en cualquier momento.
La investigación se inició tras varias denuncias radicadas contra los acusados. Una de las damnificadas fue Luciana Tinto, quien entregó 25 mil dólares cuando los hermanos operaban una oficina financiera denominada Denver, ubicada sobre avenida Ignacio de la Roza, en Capital.
De acuerdo con lo señalado en la investigación por la fiscal Gabriela Blanco, la modalidad consistía en captar inversores ofreciendo altos rendimientos y pagos periódicos. Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron las demoras, las excusas y posteriormente la interrupción total de los pagos.
Entre las justificaciones presentadas por los acusados apareció un supuesto robo denunciado por Eber Zapata, aunque ese episodio también quedó bajo sospecha durante la investigación, ante la posibilidad de un presunto autorrobo para justificar la falta de fondos.
Las denuncias contra los hermanos se remontan a 2022 y, además de la causa por estafas, también estuvieron vinculados a conflictos por deudas y a la investigación del supuesto robo de 240 mil dólares.
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