El Gobierno salió a responder a las denuncias por supuestas irregularidades en la compra de alimentos destinados a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
Según la explicación oficial, una auditoría concluyó que no hubo una sobrecompra de alimentos y que parte del cuestionamiento surge de interpretar los máximos previstos en las órdenes de compra abiertas como si representaran las cantidades efectivamente consumidas.
Fuentes oficiales señalaron que Presidencia elaboró cuadros comparativos con contrataciones de años anteriores y con las cantidades que finalmente fueron solicitadas. También remarcaron que algunos de los períodos utilizados para las comparaciones corresponden a la pandemia y a su etapa posterior, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era menor.
Actualmente, según los datos difundidos por Presidencia, unas 2.000 personas trabajan en la Casa Rosada, de las cuales aproximadamente 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, en tanto, se estiman unos 130 comensales, con dos servicios diarios, lo que representa alrededor de 260 comidas.
La diferencia entre los máximos y los pedidos efectivos
Uno de los principales argumentos del Gobierno apunta a diferenciar las órdenes de compra abiertas de las solicitudes concretas de provisión.
Las primeras establecen un tope máximo de productos que eventualmente pueden ser requeridos durante la vigencia de la contratación. En cambio, las solicitudes de provisión reflejan las cantidades que efectivamente se pidieron.
Además, la explicación oficial sostiene que antes de realizar cada pedido debe existir disponibilidad presupuestaria y registrarse el compromiso correspondiente.
La modalidad de orden de compra abierta está contemplada en las contrataciones oficiales. Por ejemplo, una licitación de 2024 para productos cárnicos y de pescadería destinada a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos fue instrumentada bajo esa modalidad.
La denuncia que investiga la Justicia
La polémica comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó las cantidades de alimentos previstas para la Quinta de Olivos y planteó la posibilidad de que parte de la mercadería adquirida con fondos públicos hubiera sido destinada a un emprendimiento privado vinculado con personas que trabajaban en la residencia presidencial.
La presentación tramita ante la Justicia Federal y plantea distintas hipótesis que deberán ser investigadas. Entre otros elementos, la denuncia apunta a las compras de carne, frutas, verduras y otros productos destinados a la Casa Rosada y Olivos.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que las cifras denunciadas no deben interpretarse como consumo real, ya que corresponden a los máximos establecidos en las órdenes de compra.
La investigación judicial deberá determinar ahora si existieron irregularidades y cuál fue el destino efectivo de los productos adquiridos.
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