Horas después de que la Marina estadounidense incautara otros dos petroleros —entre ellos uno con bandera rusa—, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó ante el Congreso un plan para el futuro inmediato de Venezuela, centrado en la tutela de Washington y en el control “indefinido” de la industria petrolera del país caribeño.
Poco después, el presidente Donald Trump reforzó el anuncio a través de sus redes sociales, donde adelantó la existencia de un acuerdo con Caracas por el cual Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos” con los ingresos obtenidos por la venta de su petróleo.
Durante una reunión con senadores en el Capitolio, Rubio brindó el detalle más completo hasta el momento sobre la hoja de ruta de Washington tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, ocurrida el sábado pasado. Según explicó, el plan se divide en tres fases: una etapa de estabilización económica centrada en el petróleo y con participación de empresas internacionales; una fase de recuperación enfocada en la reconciliación entre los venezolanos; y una transición política que incluirá la convocatoria a elecciones.
Ante las críticas de la oposición y de sectores del propio Partido Republicano, Rubio aseguró que la administración Trump “no está improvisando”. En ese sentido, señaló que el Gobierno estadounidense busca estabilizar Venezuela mediante la confiscación y posterior venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, con Estados Unidos controlando la distribución de los fondos y no las autoridades interinas venezolanas.
“Vamos a vender el petróleo a precios de mercado, no con descuentos como hacía el régimen”, afirmó Rubio. Además, remarcó que los recursos serán administrados bajo supervisión estadounidense “para que beneficien al pueblo estadounidense y no al régimen ni a la corrupción”.
Otro de los ejes del plan es garantizar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano en condiciones equitativas. El último punto, de carácter transitorio, contempla la integración de los partidos opositores con vistas a la celebración de comicios, aunque sin mayores precisiones por el momento.
“Tenemos ahora un proceso en marcha con un nivel de control y capacidad de presión muy alto sobre lo que pueden hacer las autoridades provisionales”, afirmó Rubio, quien estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los funcionarios que coordinará la política hacia Venezuela.
El petróleo ocupa un rol central en la estrategia. Antes de la presentación de Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que Estados Unidos pretende mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana, incluida la supervisión de la venta de crudo “de manera indefinida”.
“De ahora en adelante, venderemos la producción venezolana al mercado”, declaró Wright durante una conferencia energética organizada por Goldman Sachs. Sus declaraciones se conocieron luego de que Trump anunciara que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, equivalentes a casi dos meses de producción, cuyos ingresos estarán bajo control estadounidense.
Según Wright, esta influencia sobre las ventas petroleras es clave para impulsar los cambios políticos que Washington considera necesarios en Venezuela. De concretarse, el plan implicaría un giro profundo en la política estadounidense hacia el país, cuya producción de crudo permanece severamente limitada desde las sanciones impuestas en 2019.
Hasta el momento no está del todo claro bajo qué marco legal la Casa Blanca supervisará la venta del petróleo.
Desde Washington señalaron que existe un acuerdo con las autoridades interinas venezolanas para que Estados Unidos controle las operaciones. En paralelo, la petrolera estatal PDVSA confirmó que negocia la venta de crudo a EE.UU. bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron.
La iniciativa generó fuertes divisiones en el Congreso. Mientras los republicanos respaldaron el plan, sectores demócratas cuestionaron la propuesta y advirtieron que podría representar un expolio de la riqueza nacional venezolana.
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