El Tribunal Oral Federal N.° 2 (TOF 2) notificó formalmente al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo preventivo del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La medida cautelar había sido solicitada por el fiscal Diego Luciani y ordenada por el tribunal con el objetivo de preservar activos patrimoniales ante un eventual decomiso por una suma actualizada de $685.000 millones.
El monto corresponde al resarcimiento fijado por el perjuicio ocasionado al Estado en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la denominada Causa Vialidad.
Qué implica el embargo
La medida sobre el inmueble tiene alcance registral y no implica el desalojo de Cristina Kirchner. El embargo impide que la propiedad pueda ser vendida, transferida, hipotecada o cedida mientras se mantenga vigente la cautelar.
Por lo tanto, la expresidenta continuará cumpliendo la prisión domiciliaria en ese domicilio, bajo las condiciones y controles establecidos por la Justicia.
El inmueble forma parte de un conjunto de medidas cautelares que alcanza a más de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Santa Cruz.
Entre los bienes alcanzados aparecen terrenos e inmuebles ubicados en El Calafate y el chalet de la exmandataria sobre la costanera de Río Gallegos. También fueron incluidas propiedades familiares ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo de la capital santacruceña.
También alcanzaron a Los Sauces y Hotesur
La resolución judicial también ratificó la inhibición sobre las acciones y cuotas partes de las sociedades Los Sauces y Hotesur.
Según la resolución, la transferencia gratuita de esas participaciones que Cristina Kirchner había realizado a favor de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, no impide una eventual ejecución patrimonial vinculada con la causa.
Con las nuevas notificaciones a los registros de propiedad, la Justicia busca mantener inmovilizados los bienes alcanzados por las cautelares y garantizar que puedan ser utilizados para una eventual ejecución patrimonial.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver los recursos presentados por las defensas contra las decisiones vinculadas con la condena y el decomiso establecidos en la causa.
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