La mesa política del Gobierno nacional mantuvo una reunión este viernes en la Casa Rosada con el objetivo de ordenar la gestión y fijar las prioridades legislativas de las próximas semanas. El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la intención de coordinar iniciativas y fortalecer la agenda oficialista en el Congreso.
Tras la reunión, el Gobierno confirmó que enviará proyectos vinculados a la modificación de la Ley de Salud Mental y una nueva normativa contra el fraude en pensiones por invalidez. Esta última implicará cambios sobre la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, con prórroga hasta 2027 y medidas para regularizar pagos, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas.
Del encuentro participaron figuras clave como Karina Milei, Martín Menem, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros. En tanto, Luis Caputo no asistió por encontrarse en Estados Unidos participando de reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Uno de los temas que generó diferencias fue la reforma del Código Penal. Mientras el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propone avanzar con cambios puntuales, el sector cercano a Caputo impulsa una reforma integral. La discusión quedó abierta, sin acuerdo sobre el formato del proyecto.
También se abordó la denominada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que busca derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos, además de iniciativas sobre acuerdos internacionales y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Este último incluye medidas como desalojos exprés, cambios en expropiaciones y modificaciones en el uso de tierras, puntos que ya generan resistencia en sectores de la oposición.
En paralelo, se analizó la Reforma Política, que contempla la eliminación de las PASO, el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para los partidos. Allí también surgieron diferencias internas sobre la implementación de circunscripciones uninominales.
Por último, el Gobierno busca frenar la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario mediante un recurso presentado ante la Justicia, con el objetivo de evitar el impacto fiscal que implicaría su puesta en marcha.
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