La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este martes un comunicado oficial para desmentir las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, había sido citado por la Justicia de Estados Unidos y que le habían secuestrado su teléfono celular en el marco de una investigación.
Según explicó la entidad, el documento judicial al que hicieron referencia distintos medios no está dirigido a Tapia ni al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sino a un tercero, quien fue convocado a comparecer ante un Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
En ese contexto, la AFA aclaró que dicho requerimiento solicita al tercero la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la institución, pero remarcó que esto no implica ninguna citación ni medida judicial contra Tapia o Toviggino.
“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, sostuvo la entidad en el comunicado.
Además, precisó que el documento “no dispone ninguna medida personal” contra sus autoridades, no ordena su comparecencia, no les impone obligaciones procesales ni contempla el secuestro o incautación de bienes de su propiedad.
La AFA también cuestionó la difusión de información que calificó como “inexacta o deliberadamente tergiversada”, al considerar que genera desinformación y afecta el honor y la imagen de las personas e instituciones involucradas.
Por ese motivo, exhortó a los medios de comunicación y periodistas a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información y recordó que “el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.
Finalmente, la entidad adelantó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes difundan información falsa o manifiestamente engañosa que perjudique a la institución o a sus autoridades.
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