El Gobierno de San Juan formalizó este martes el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por la gestión de Marcelo Orrego que apunta a fortalecer el empleo provincial y el crecimiento de empresas sanjuaninas vinculadas a la actividad minera.
La propuesta llega en un contexto de fuerte expectativa para el sector. Según datos oficiales, existen compromisos de inversión superiores a los 31.200 millones de dólares vinculados a cinco proyectos mineros que avanzan bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Además, San Juan concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial identificados en Argentina.
Desde el Ejecutivo aclararon que la iniciativa no establece cupos obligatorios ni limita la libre competencia, sino que obliga a las empresas mineras y contratistas principales a presentar planes de desarrollo progresivos, medibles y sujetos a control público.
“El impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo”, sostuvo el ministro de Minería Juan Pablo Perea durante la presentación del proyecto.
Uno de los ejes centrales de la ley está relacionado con el empleo local. El texto fija como objetivo que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes en San Juan, priorizando además a los departamentos donde se desarrollan los proyectos.
Otro de los puntos clave apunta a los proveedores locales. La propuesta establece la meta de que el 60% de las compras anuales de bienes, obras y servicios sean realizadas a empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.
El tercer eje busca coordinar las acciones de responsabilidad social empresarial con los planes estratégicos municipales, promoviendo inversiones articuladas en infraestructura, salud y educación.
Además, las compañías deberán publicar cronogramas de compras y contrataciones para que las empresas locales puedan anticiparse y prepararse para futuras licitaciones.
Entre las medidas previstas se encuentra la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), donde deberán inscribirse las firmas interesadas en participar dentro de las metas de compras locales.
Para ser consideradas proveedoras locales, las empresas deberán acreditar domicilio operativo en la provincia, tributación local y contar con al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.
La iniciativa también contempla incentivos fiscales. Las operadoras que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y compras provinciales podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles para cancelar impuestos provinciales.
En paralelo, el proyecto establece mecanismos de control y sanciones para incumplimientos injustificados, con multas que podrían alcanzar las 60.000 Unidades Tributarias.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, junto a una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo integrado por representantes públicos y privados.
En las últimas semanas, el proyecto generó cuestionamientos desde sectores empresarios de departamentos mineros, especialmente desde Iglesia.
El presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), Alberto Grau, advirtió que la definición de proveedor “local” podría perjudicar a empresas radicadas en departamentos donde se desarrollan directamente los proyectos extractivos.
Según explicó, considerar como local a toda la provincia pondría en igualdad de condiciones a empresas alejadas de la actividad minera con aquellas instaladas en zonas de influencia directa.
El dirigente aseguró además que esta preocupación fue transmitida durante las consultas impulsadas por el Gobierno y también elevada al diputado departamental Jorge Deguer para su tratamiento legislativo.
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