El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones y habilitó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales federales y estaduales de Nueva York. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión apunta a reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
En ese marco, el texto autoriza al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales de Nueva York. Esto implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos vinculados a esos contratos en esa sede judicial.
No obstante, la normativa fija límites para resguardar bienes del Estado. Entre los activos excluidos de una eventual renuncia a la inmunidad de ejecución figuran las reservas o cuentas del Banco Central, bienes del dominio público ubicados en el país, activos destinados a servicios públicos esenciales, bienes diplomáticos y consulares, material militar, patrimonio cultural de la Nación e impuestos o regalías adeudadas al Estado Nacional.
Además, el Ministerio de Economía quedó facultado para definir los plazos, métodos y monedas de estas operaciones, así como también para designar a las entidades financieras participantes, firmar acuerdos, abonar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.
La decisión del Ejecutivo se da en un contexto de búsqueda de financiamiento externo y en medio de un escenario político y económico en el que el Gobierno intenta mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional.
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