Diputados debatirá la Ley Malvinas y la reforma del banco central impulsadas por Milei

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 con una extensa agenda de proyectos del Gobierno nacional. La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional genera fuertes diferencias con bloques aliados, mientras que la reforma del Banco Central busca establecer la emisión cero y prohibir el financiamiento al Tesoro.

La Cámara de Diputados de la Nación abrirá este miércoles su recinto para debatir un paquete de proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Entre los principales temas del temario se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros diputados oficialistas, y comenzará a las 12 del mediodía. Se espera un debate extenso que podría prolongarse hasta las primeras horas de la madrugada.

El temario también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo.

ley malvinas: el oficialismo busca los votos en medio de las diferencias

El Gobierno cuenta con los respaldos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta dificultades para conseguir los votos que permitan sostener uno de sus capítulos más cuestionados.

La principal resistencia se concentra en el capítulo 7, que introduce modificaciones vinculadas al sistema electoral y establece sanciones para extranjeros que financien campañas políticas, además de incorporar disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.

El PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, aunque otros espacios dialoguistas, como Provincias Unidas y Argentina Federal, reclamaron modificaciones más profundas.

Ese capítulo requiere una mayoría especial de 129 votos para su aprobación en particular, un respaldo que el oficialismo todavía no tiene asegurado. Por ese motivo, no se descarta que el Gobierno acepte retirarlo para garantizar el acompañamiento al resto del proyecto.

La iniciativa establece un régimen de sanciones penales y económicas contra empresas que exploten recursos naturales en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas, socios y proveedores involucrados en esas operaciones, con determinadas excepciones.

Sin embargo, las mayores controversias están relacionadas con las facultades que se le otorgarían al Poder Ejecutivo ante situaciones consideradas amenazas externas.

El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

Entre sus atribuciones figuran la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves. Entre ellas se mencionan restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y limitaciones a importaciones y exportaciones.

También se mantienen disposiciones controvertidas sobre protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales.

La oposición cuestiona que estas atribuciones podrían desdibujar los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, además de otorgar facultades discrecionales al Poder Ejecutivo.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Reforma del banco central: emisión cero y menos financiamiento al tesoro

El segundo gran debate estará centrado en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca consolidar como principio rector la política de emisión cero impulsada por Milei.

El proyecto elimina la multiplicidad de objetivos que había incorporado la Ley 26.739 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establece como mandato principal la preservación del valor de la moneda.

La propuesta también prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Otro punto de discusión fue el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del Banco Central. La versión aprobada inicialmente en Diputados establecía que se necesitarían dos tercios de los votos de ambas cámaras para remover a sus directores.

Sin embargo, el Senado modificó ese esquema y estableció que la remoción requerirá mayoría absoluta de la Cámara alta. Finalmente, el oficialismo en Diputados aceptó los cambios, por lo que la Cámara baja dejará de intervenir en esas decisiones.

Para el Gobierno, la reforma busca impedir que futuras administraciones puedan recurrir nuevamente a la emisión monetaria para financiar el gasto público y generar inflación.

La sesión de este miércoles será clave para medir la capacidad del oficialismo de reunir apoyos parlamentarios y avanzar con dos de las reformas institucionales y económicas más importantes de su agenda.

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