La Corte Suprema aprobó un protocolo que podría beneficiar a represores condenados por delitos de lesa humanidad

La nueva normativa unifica criterios médicos para evaluar pedidos de prisión domiciliaria y otorga mayor relevancia a los informes sobre las condiciones de atención sanitaria dentro de las cárceles. Entre los posibles beneficiados aparecen Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la semana pasada, mediante la acordada 21/2026, un nuevo protocolo que establece criterios unificados para evaluar el estado de salud de las personas privadas de libertad y las posibilidades de recibir tratamiento médico dentro de los establecimientos penitenciarios.

La medida quedó formalmente en vigencia tras la publicación de la resolución 2867/2026 en el Boletín Oficial. Su implementación podría tener consecuencias en los pedidos de prisión domiciliaria de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Entre quienes podrían verse alcanzados por el nuevo esquema se encuentran Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich, quienes cumplen condenas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Qué establece el nuevo protocolo

El documento, denominado “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y lleva las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El juez Ricardo Lorenzetti devolvió el proyecto sin firmar.

La normativa aclara que el protocolo no determina automáticamente cuándo corresponde conceder o rechazar una prisión domiciliaria. Esa decisión continuará en manos del órgano judicial competente.

En ese sentido, el texto establece que el informe técnico-pericial aportará elementos médicos para que los jueces puedan resolver cada situación particular, sin reemplazar sus facultades jurisdiccionales.

Mayor peso a los informes del Servicio Penitenciario Federal

Uno de los principales cambios está relacionado con la valoración de los recursos sanitarios disponibles dentro de las cárceles.

El nuevo esquema otorga mayor relevancia a la información proporcionada por el Servicio Penitenciario Federal sobre la capacidad real de atención médica de cada establecimiento.

El protocolo señala que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”. De esta manera, no alcanzará con que una unidad penitenciaria declare contar con determinados servicios, sino que deberá evaluarse si efectivamente están disponibles para los internos.

Uno de los puntos que generó controversia en anteriores evaluaciones fue la disponibilidad de una ambulancia durante las 24 horas en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Con el nuevo procedimiento, el Cuerpo Médico Forense deberá elaborar una declaración institucional sobre las condiciones de las unidades penitenciarias y sus posibilidades concretas de brindar asistencia sanitaria.

El rechazo de los organismos de derechos humanos

La decisión generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. La Red Nacional de H.I.J.O.S. calificó la medida como parte de una estrategia de “pro-impunidad” y la consideró un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que el protocolo podría facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de personas condenadas por su participación en el plan sistemático de exterminio desarrollado durante la última dictadura cívico-militar.

Cuántos condenados cumplen prisión domiciliaria

Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), actualmente hay 1.254 personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

De ese total, 436 cumplen arresto domiciliario, 73 permanecen alojadas en unidades penitenciarias y otras 58 se encuentran en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

La aplicación del nuevo protocolo abrirá una nueva instancia de evaluación médica y judicial en los pedidos de prisión domiciliaria, en un tema que vuelve a generar debate sobre las condiciones de detención de los condenados por crímenes de lesa humanidad.

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