La causa Vialidad volvió a registrar un nuevo movimiento judicial. Un día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la actualización del decomiso a $684.990 millones, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja con el objetivo de frenar la ejecución de esa medida y evitar el eventual remate de sus bienes.
La misma presentación también fue realizada por Lázaro Báez, quien fue condenado en la misma causa. La Corte rechazó previamente los planteos de nulidad y confirmó el monto actualizado del decomiso, que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Con esta decisión, la causa ingresó en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso figuran inmuebles de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a empresas de la familia y otros activos incorporados al expediente judicial.
La defensa de la ex mandataria, encabezada por Carlos Beraldi, también busca excluir del proceso bienes pertenecientes a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al sostener que no existe evidencia de que esos activos tengan relación con los hechos investigados.
La condena contra Cristina Kirchner fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la investigación por 51 contratos de obra vial adjudicados en la provincia de Santa Cruz. Posteriormente, la sentencia fue confirmada por instancias superiores y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
El decomiso constituye uno de los puntos centrales del expediente, ya que la legislación penal prevé la recuperación de bienes obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original tomó como base el perjuicio económico atribuido a las irregularidades detectadas en las licitaciones investigadas.
En este contexto, la Unidad de Información Financiera solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos relacionados con causas de lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Mientras tanto, el expediente continúa abierto y la disputa por el patrimonio de la ex presidenta entra en una etapa decisiva. Cristina Kirchner sostiene que es víctima de una persecución judicial, mientras que el oficialismo considera que la ratificación de las condenas representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción.
Comentarios